"Se enriqueció vendiendo el sueño americano": acusan a seis mujeres de integrar una red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts

Seis mujeres fueron acusadas de integrar una presunta red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts que habría operado durante más de una década para facilitar beneficios migratorios a inmigrantes, entre ellos tarjetas de residencia y la ciudadanía estadounidense.

La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts atribuye el liderazgo del esquema a Jennifer Gonzalez, ciudadana estadounidense de 43 años y residente de Fall River. Según la fiscal federal Leah Foley, la operación habría generado más de USD 6 millones.

Junto con Gonzalez fueron imputadas Erica Daniels, Cherise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill. Cinco de ellas fueron detenidas este miércoles; Hill cumple una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas.

Las seis enfrentan cargos de conspiración para albergar a inmigrantes indocumentados, alojamiento de inmigrantes indocumentados, fraude matrimonial y conspiración para cometer fraude matrimonial.

Los dos primeros delitos contemplan penas de hasta 10 años de prisión cada uno, tres años de libertad supervisada y multas de hasta USD 250.000.

Los cargos de fraude matrimonial y conspiración para cometerlo prevén penas de hasta 5 años de prisión cada uno, tres años de libertad supervisada y multas de hasta USD 250.000.

Bodas simuladas y pruebas para trámites migratorios

La acusación alega que Gonzalez cobraba entre USD 38.000 y USD 40.000 por cada matrimonio y coordinaba entre 18 y 20 enlaces simulados al año.

Según los documentos judiciales, Pugh trabajaba como secretaria del negocio. Gonzalez, por su parte, pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todas ciudadanas estadounidenses, para que contrajeran uno o más matrimonios con inmigrantes indocumentados.

De ese modo, los solicitantes podían presentar documentación ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y obtener estatus migratorio legal.

La fiscalía afirma que tomaban fotografías de las ceremonias y de salidas sociales para adjuntarlas a los trámites migratorios. Algunas de las mujeres permanecían casadas durante años, luego se divorciaban y volvían a casarse con nuevos solicitantes.

El expediente también describe un mecanismo destinado a simular una vida en común. Presuntamente, Gonzalez instruía a sus clientes para abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida y tomar selfies en pareja.

La mujer decía que la preparación de la documentación podía demorar entre tres y cuatro meses y les hacía firmar “contratos” por sus servicios.

Asimismo, varias acusadas declararon falsamente en sus formularios estatales que nunca se habían casado, aun cuando presentaban peticiones federales de inmigración en favor de sus supuestos cónyuges.

De acuerdo con NBC News, como parte de la estafa, Gonzalez recibió cerca de USD 124.500 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) entre 2019 y 2026.

Grabaciones con un testigo colaborador exponen contratos y pagos en adelantado

La investigación incorporó registros de audio y video de encuentros entre Gonzalez y un testigo colaborador.

En una de las conversaciones, la líder del esquema habría dirigido la preparación y firma de un contrato presentado como un préstamo y aceptado un adelanto de USD 3.000 para organizar un matrimonio.

Los fiscales sostienen que el contrato estaba diseñado para ocultar el verdadero propósito del acuerdo. Gonzalez habría explicado que el documento no debía mencionar al futuro cónyuge porque eso podía ser “incriminatorio”.

A su vez, los clientes solían pagar USD 500 mensuales a la persona asignada como cónyuge o a alguien de su entorno, como parte de la continuidad del matrimonio simulado.

La fiscal federal describió el caso como una “operación muy sofisticada” y aseguró que podría haber continuado durante más tiempo si una persona no hubiese aportado información a las autoridades, precisó NBC News.

Audios atribuidos a Gonzalez aluden a las políticas migratorias de Donald Trump

En algunos audios incluidos en la causa, Gonzalez se refiere al endurecimiento de las políticas migratorias. Según explicó, el negocio se volvió más difícil cuando Donald Trump ganó las elecciones en 2024 y tuvo que suspender la organización de matrimonios en 2025 porque las autoridades migratorias estaban “un poco duras”.

En otra conversación, la acusada habría mencionado que Massachusetts era un lugar seguro para los matrimonios fraudulentos: “Creo que puedes estar bien, porque este estado es un santuario, como a Trump no le gusta este estado por el gobierno de aquí, el estado nos defiende mucho”.

La mujer también habría manifestado: “Massachusetts es el mejor lugar para que estén. Es un hecho”. En otro intercambio, señaló que los inmigrantes podían acceder a seguro médico y a diversas formas de ayuda en ese estado.

Gonzalez habría usado el dinero para comprar tierras y negocios en República Dominicana

Los investigadores argumentan que el cerebro de la red utilizó parte de los ingresos del presunto esquema para adquirir empresas y propiedades en República Dominicana.

En una de las grabaciones incorporadas al expediente, la acusada expresó: “Cada vez que tengo un dólar de sobra, simplemente invierto en una nueva propiedad en mi país. Eso es lo que realmente hago. Me gusta comprar terrenos. O sea, tengo muchos terrenos en mi país”.

Luego agregó: “A mis hijos les encanta mi país. A mis hijos les encanta ir de vacaciones allá abajo. Muy bien. Así que, cuando crezcan, cada uno tendrá un terreno. Tendrán algo”.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Foley aseveró: “Se alega que la Sra. Gonzalez se enriqueció vendiendo el sueño americano, mientras enviaba dinero a otro país. El sueño americano no está a la venta. Se gana. Y si intentas apropiártelo ilegalmente, te haremos responsable”.