Un exjuez municipal y abogado de inmigración que ejerció en Rhode Island y Massachusetts admitió ante un tribunal federal que cobró cerca de USD 98.000 a clientes inmigrantes por trámites legales que nunca realizó, les mintió sobre el estado de sus casos y utilizó ese dinero para cubrir gastos personales, incluidas deudas de tarjeta de crédito y el préstamo de su automóvil, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Joseph Molina Flynn, de 43 años, se declaró culpable el 22 de septiembre de un cargo de fraude electrónico y otro de evasión fiscal ante el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John J. McConnell Jr., en Providence.
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El esquema, según la fiscalía, se extendió entre 2019 y 2023: durante ese período, Molina Flynn cobró honorarios y tarifas de presentación de documentos a personas que buscaban regularizar su situación migratoria, pero en muchos casos no ejecutó ninguno de los servicios pactados.
El allanamiento del FBI en Providence
La investigación que desembocó en la declaración de culpabilidad comenzó a tomar forma pública en enero de 2025, cuando agentes del FBI allanaron las oficinas de Molina Flynn en Providence, tras denuncias de clientes que aseguraban que el abogado había utilizado su dinero de forma indebida y había abandonado sus casos.
El caso fue investigado en conjunto por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Policía de Providence y el FBI, con asistencia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
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Molina Flynn no solo engañó a sus clientes con cobros por servicios inexistentes: también admitió haberles proporcionado información falsa sobre el estado de sus trámites migratorios, lo que pudo haber tenido consecuencias directas sobre la vida y la estabilidad legal de personas en situación de vulnerabilidad.
Las condiciones del acuerdo de culpabilidad
La evasión fiscal constituyó el segundo frente del caso. Molina Flynn reconoció que no presentó su declaración de impuestos federales correspondiente al año 2021 y que tomó medidas activas para ocultar sus ingresos y obligaciones de nómina, como utilizar la cuenta operativa de su bufete para pagar gastos personales. La pérdida fiscal atribuible a la evasión, según el acuerdo entre las partes, se sitúa entre USD 550.000 y USD 1.500.000.
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Como parte del acuerdo de culpabilidad, el exabogado deberá pagar USD 83.265 en restitución a las víctimas del fraude electrónico. Además, está obligado a presentar declaraciones de impuestos federales corregidas para los años fiscales 2019 a 2023 y a abonar al Tesoro de Estados Unidos los impuestos adeudados, junto con intereses y multas.
También deberá vender su vivienda en el 82 de Woodbridge Drive, en East Greenwich, y destinar parte de los fondos al pago de la restitución a las víctimas, USD 100.000 al Tesoro federal y cualquier remanente a sus obligaciones tributarias pendientes, según informó The Providence Journal.
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Hasta 25 años de prisión federal en la sentencia de diciembre
La sentencia está prevista para el 17 de diciembre de 2026. El cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal, mientras que la evasión fiscal puede sumar hasta cinco años adicionales, lo que eleva el techo teórico a 25 años de prisión. Ambos cargos incluyen posibles multas y períodos de libertad supervisada.
No obstante, la fiscalía acordó recomendar una pena dentro del rango más bajo de las directrices federales de sentencia, a cambio de la declaración de culpabilidad. Molina Flynn permanece en libertad bajo fianza, con restricciones de viaje limitadas a Rhode Island, Massachusetts y Connecticut, después de que la fiscal adjunta Sandra Hebert objetara una propuesta inicial que le permitía desplazarse por todo el país.
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Su abogado defensor, John Calcagni, declinó hacer comentarios hasta después de la audiencia de sentencia en diciembre, según informó la cadena WPRI.
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