Viviendas cercanas a áreas protegidas en Estados Unidos: una inversión en alza, según los expertos

En Estados Unidos, la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), vigente desde 1973, viene siendo objeto de controversias durante décadas.

Sus críticos, especialmente en los sectores inmobiliario y de la construcción, argumentan que esta legislación afecta negativamente el desarrollo urbano y reduce el valor de las propiedades.

Sin embargo, un nuevo estudio liderado por Eyal Frank, investigador de la Universidad de Chicago, ofrece una perspectiva matizada que desafía estas creencias predominantes.

Según los hallazgos del análisis, mientras los precios de las viviendas dentro de las áreas protegidas por el gobierno federal tienden a mantenerse estables, las propiedades en las comunidades circundantes experimentan un aumento de valor de hasta un 10%.

Este fenómeno refleja un impacto económico positivo inesperado para los propietarios de viviendas cercanas a zonas de conservación ambiental.

La ESA fue promulgada hace más de 50 años con el objetivo principal de proteger las especies vulnerables y sus hábitats. Sin embargo, como señala Frank, la polarización en torno a su impacto económico oscurece una verdad más equilibrada.

“Unos sostienen que la ley no tiene impactos negativos, mientras que otros aseguran que perjudica totalmente al desarrollo inmobiliario. La verdad está en un punto intermedio”, explicó a Newsweek.

El estudio, descrito como uno de los más completos hasta la fecha, analizó más de 900 especies y sus hábitats en los Estados Unidos contiguos.

Los investigadores compararon esta información con datos sobre transacciones inmobiliarias y permisos de construcción, permitiéndoles medir cómo la ESA influye en los valores de las propiedades y en la actividad de desarrollo.

Ventajas económicas para áreas vecinas a zonas protegidas

Una de las conclusiones más destacadas del estudio es que las viviendas situadas fuera de los hábitats críticos de la ESA—las zonas con mayores restricciones—presentan una apreciación considerable en sus valores.

Según Frank, este efecto “podría deberse al atractivo de vivir cerca de espacios abiertos preservados, así como a un desplazamiento estratégico de los desarrolladores hacia zonas no protegidas”.

En contraste, las propiedades dentro de los hábitats críticos mantienen su valor, sin mostrar caídas significativas en sus precios ni en las tasas de venta.

Esto refuta las afirmaciones más pesimistas de los detractores de la ESA respecto a su supuesto impacto devastador en los mercados locales.

A pesar de las regulaciones estrictas, el impacto de la ESA sobre la actividad de construcción es limitado. Aunque los grandes proyectos dentro de hábitats críticos pueden enfrentar retrasos de hasta 100 días para obtener permisos, estos obstáculos afectan solo una pequeña fracción de los desarrollos totales.

Frank enfatiza que el tiempo adicional invertido en revisar y modificar los proyectos cumple con el propósito de la ley sin impedir de forma significativa el progreso.

Además, el análisis revela que las zonas frecuentemente sujetas a consultas regulatorias del Servicio de Pesca y Vida Silvestre experimentan reducciones ligeras pero mensurables en el valor de las viviendas.

Esto subraya la variabilidad regional y específica de los efectos de la ESA, dependiendo de las características del lugar y de las especies protegidas.

Una narrativa basada en datos

Los resultados del estudio desafían la idea de que la ESA representa una carga económica generalizada y resaltan la necesidad de armonizar los objetivos de conservación con las realidades económicas de las comunidades afectadas. “Esas declaraciones generalizadas sobre los costos devastadores de la ley no son ciertas”, afirmó Frank.

Sin embargo, el futuro de la ESA sigue siendo incierto. Las protecciones fueron erosionadas durante la administración de Donald Trump, solo para ser restauradas posteriormente por Joe Biden.

Con un nuevo mandato de Trump en el horizonte, se teme que las regulaciones de conservación puedan ser atacadas nuevamente bajo el argumento de que imponen una “carga al público estadounidense”.

A medida que este debate se intensifica, los hallazgos de Frank invitan a una reflexión basada en evidencia empírica. Su estudio enfatiza que la conservación y la economía no son conceptos inherentemente opuestos, y que es posible proteger los ecosistemas mientras se generan beneficios económicos para las comunidades humanas.