En Saugus, Massachusetts, una reciente política educativa generó preocupación entre activistas y defensores de los derechos civiles. The San Diego Union Tribune informó que el comité educativo del distrito introdujo nuevas normas que exigen pruebas de residencia legal para inscribir a los estudiantes en las escuelas. Según críticos, estas medidas podrían estar dirigidas a excluir a los estudiantes inmigrantes. Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights, afirmó: “La política en sí es ilegal”. Agregando que las escuelas deberían “dar la bienvenida y educar a todos los niños que se encuentren en el distrito”.
El debate sobre la inclusión de niños inmigrantes en las escuelas se ha intensificado a nivel nacional y no se limita a los suburbios de Boston. El medio antes mencionado señaló que en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee, los políticos conservadores cuestionan si estos menores sin residencia legal tienen derecho a una educación pública, lo que podría motivar demandas contra decisiones previas de la Corte Suprema, como el histórico fallo Plyler vs. Doe que garantiza el acceso a la educación de estos niños.
En respuesta a los cambios en Saugus, Vincent Serino, presidente del comité educativo, defendió las nuevas exigencias como un esfuerzo por “mejorar” las normativas de residencia y aseguró que no se busca negar el acceso a la educación a los migrantes. Sin embargo, unos residentes experimentaron dificultades. Una madre nicaragüense, que pidió el anonimato, relató a The San Diego Union Tribune que tardó más de seis meses en inscribir a su hijo debido a los estrictos requerimientos de documentación.
El impacto de la política migratoria en el sistema educativo estadounidense ha sido objeto de preocupación por varias entidades. Durante un evento reciente, el director educativo de Oklahoma, Ryan Walters, anunció que se proporcionarán directrices a los distritos para recoger información sobre “los costos y la carga” de la inmigración ilegal en el sistema educativo. Walters criticó al gobierno federal por no proteger adecuadamente la frontera, aseverando que “nuestras escuelas están sufriendo las consecuencias de ello”, de acuerdo al medio.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, sugirió en 2022 que el fallo de Plyler vs. Doe debería revaluarse legalmente y que el gobierno federal debería asumir los costos de la educación para los estudiantes que no son residentes legales. Esto desencadenó críticas de defensores de los inmigrantes y de la Casa Blanca. A pesar de los esfuerzos de los legisladores republicanos en Texas para prohibir la inscripción de niños no ciudadanos en las escuelas públicas, las propuestas no lograron avanzar.
En este ambiente, algunos distritos escolares decidieron resistir las presiones, reafirmando su compromiso de no revisar el estatus migratorio de los estudiantes. Por ejemplo, Chris Payne, portavoz del distrito escolar de Tulsa, reiteró a The San Diego Union Tribune que “la ley federal es bastante clara en este tema: le prohíbe a los distritos preguntar a los estudiantes o sus familias sobre su estatus migratorio o requerirles documentos de ciudadanía”.
A pesar de la resistencia de ciertos sectores, otras voces continúan abogando por cambios legislativos. La conservadora Fundación Heritage instó a los estados a aprobar leyes que obliguen a las escuelas a cobrar matrículas a familias inmigrantes sin residencia legal como estrategia para llevar el tema ante la Corte Suprema, en un intento por revisar la “desacertada decisión de Plyler vs. Doe”, como lo califica la fundación.
Mientras tanto, el contexto político sigue siendo un factor determinante en el desarrollo de estas políticas. Según Tom K. Wong, director del Centro de Estudios Migratorios en la Universidad de California en San Diego, el entorno político actual permite que “políticas antes extremistas” se integren al “discurso común”.
Cabe señalar que los cambios en las políticas de admisión en Saugus coincidieron con una declaración de emergencia por parte de la gobernadora demócrata Maura Healey, derivada de una crisis migratoria en el estado que vio un aumento significativo en el número de familias en albergues estatales.