
El titular de la Plaza de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha abierto juicio oral a un policía local de la ciudad por acceder repetidamente al sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género a la que no protegía y sin estar autorizado. Se enfrenta a cuatro años y medio de prisión que pide para él la Fiscalía, mientras que la mujer, que ejerce la acusación particular, solicita tres. Además, el juez ha declarado responsable civil subsidiario al Ayuntamiento.
Según las diligencias practicadas, recabada esa información, el investigado presuntamente se dirigió al agente de la Policía Nacional que sí tenía asignada la protección de la mujer para que rebajara el nivel que VioGén había determinado de medio a bajo, al considerar que era "exagerado".
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El efectivo procesado, por un presunto delito contra la intimidad, estaba destinado a la Oficina de Protección de Víctima (Oprovic) y en su día fue detenido por un supuesto ilícito de revelación de secretos por informar al cabecilla de la trama de un grupo dedicado al tráfico de cocaína en Cantabria.
Precisamente, este traficante es el presunto agresor de la mujer sobre la que el policía local consultó los datos del Sistema Viogén y, a su vez, arrendador del agente procesado. Ese hombre había, a su vez, denunciado a la mujer y gozaba del estatuto de "víctima protegida" y la protección del efectivo nacional había sido encomendada al local.
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DELITOS Y PENAS.
Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito contra la intimidad, merecedor de una pena de cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros por el daño moral causado.
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Por su parte, la acusación particular pide tres años de prisión, 8.100 euros de multa, inhabilitación absoluta durante seis años y 6.000 euros de indemnización.
El auto declara competente a la Audiencia Provincial de Cantabria para el enjuiciamiento de este caso y emplaza a la representación legal del acusado para que presente su escrito de defensa.
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Asimismo, acuerda que éste preste una fianza de 4.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, y declara al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario.
El Consistorio deberá comparecer en un plazo de diez días con abogado y procurador y tendrá asimismo que formular escrito de defensa en su nueva condición.
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INDICIOS.
Según recogió el instructor en otra resolución --el auto que puso fin a la instrucción y transformó las diligencias en procedimiento abreviado-- existen indicios de que el agente de la Policía Local, destinado en la OPROVIC presuntamente abusó de su condición de funcionario con acceso a VioGén para acceder repetidamente a los datos almacenados en el sistema en relación a la mujer en cuestión.
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En concreto, habría accedido a los datos relacionados con el nivel de riesgo -medio en aquel momento- y a pesar de que no tenía encomendada la protección de esa víctima y "sí únicamente la de su agresor", dada su condición de víctima protegida a raíz de la denuncia presentada contra ella.
Tras acceder al sistema, el acusado habría hablado con policía nacional encargado de la protección de la mujer y habría conseguido "que se reevaluara el riesgo apreciado por el sistema" pasando a ser bajo.
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ACCEDER AL FICHERO NO ES DELITO, A LOS DATOS SÍ.
En su auto, el magistrado rechazó la petición de sobreseimiento pedida por la defensa y consideró que "el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí", en concreto, a la valoración del riesgo del sistema VioGén.
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"Maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori, pues se accede a un dato protegido con la finalidad de perjudicar a su titular sin estar autorizado a ello".
La instrucción fue confirmada por la Audiencia, después de que el recurso de apelación contra el auto que transformó las diligencias en procedimiento abreviado y que fue promovido por el policía local acusado no prosperara.
Tras la firmeza de la decisión del magistrado, las acusaciones presentaron sus escritos y ahora el instructor abre juicio oral, paso previo al enjuiciamiento del agente.
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