La Plataforma Social de Castilla y León han informado de nuevas sentencias del Tribunal Supremo que anulan el Decreto de Precios Públicos de la Junta para el cobro de copagos a personas en situación de dependencia con Grado II que ocupan plazas públicas o concertadas en residencias o centros de día, por lo que se extiende así el criterio aplicado el pasado mes de junio al Grado III.
El alto tribunal ha dictaminado que el servicio de atención residencial prestado a través de plazas públicas o concertadas constituye un servicio público y esencial, por lo que las aportaciones de los usuarios deben articularse a través de una Ley de Tasas y no mediante un Decreto de Precios Públicos, según informa a través de un comunicado.
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La plataforma entiende que las resoluciones "no solo anulan el sistema de cobros de la administración autonómica, sino que la condenan a la devolución de las cantidades percibidas".
Desde la organización han recordado que el Ejecutivo autonómico dejó de cobrar los copagos en octubre de 2025 -lo que supone ingresar nueve millones de euros menos al mes- a las más de 17.000 personas en situación de dependencia afectadas. No obstante, la entidad ha advertido de que la Junta "no está devolviendo de oficio los importes cobrados indebidamente".
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A este respecto, la plataforma ha señalado que muchas familias han recibido respuestas negativas al solicitar el reintegro de estas cantidades, lo que les ha obligado a recurrir a la vía judicial.
Asimismo, la organización ha criticado el incumplimiento por parte del Gobierno autonómico del acuerdo aprobado por unanimidad en las Cortes de Castilla y León el 17 de diciembre de 2025, en el que se fijó la obligación de reintegrar los fondos y presentar un proyecto de ley para dar cumplimiento a las sentencias judiciales.
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