Juzgan a un coronel de la Guardia Civil por favorecer a una empresa para comprar fusiles

Madrid, 9 oct (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión para un coronel de la Guardia Civil acusado de falsificar unos documentos para favorecer a una empresa en un proceso de licitación para la adquisición de 8.250 fusiles, por lo que será juzgado el martes en la Audiencia de Madrid.

También serán juzgados la gerenta y un empleado de la empresa favorecida para quienes el Ministerio Público solicita un año y medio de cárcel.

Según explica el fiscal en su escrito de acusación el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 11 de septiembre de 2019 un anuncio de licitación emitido por la jefatura de asuntos económicos de la Guardia Civil cuyo objeto era la compra de 8.250 fusiles para su uso en diversas unidades.

El anuncio estaba sujeto al cumplimiento de una serie de prescripciones técnicas como la presentación de cinco unidades de muestra idénticOs al fusil licitado con una serie de características muy específicas y se daba un plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación que expiraba el día 30 de ese mismo mes.

La Fiscalía relata que B.H.Z., gerenta de la citada empresa, se reunió el día 18 del mes referido en el Cuartel de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, situado en la localidad madrileña de Valdemoro, con las dos máximas autoridades del mismo, el coronel acusado J.F.P.B. y el teniente coronel G.J.P..

Durante la reunión B.H.Z. les comunicó la imposibilidad de que su empresa pudiera presentar en el plazo señalado las muestras de fusiles reclamadas en el pliego de prescripciones técnicas.

Ante la ausencia de otras ofertas y con la posibilidad de que el concurso quedara desierto B.H.Z. y J.F.P.B. acordaron utilizar como unidades de muestra cinco fusiles de la misma clase pertenecientes a la Guardia Civil "previa manipulación de sus elementos de identificación", señala el fiscal.

Así el coronel ordenó ese mismo día a una brigada que retirara del almacén central cinco fusiles para llevarlos al laboratorio en el que se realizan las pruebas balísticas de las muestras que adjuntan los licitadores de los expedientes de contratación.

Además el coronel se dirigió a una agente de la Guardia Civil en la oficina técnica del servicio de armamento y equipamiento encargada de la recepción de las muestras presentadas por licitadores en los diversos expedientes de contratación a quien ordenó redactar un recibo de entrega de material a sabiendas de que la empresa de B.H.Z. no las había presentado.

Cinco días más tarde el coronel, un guardia civil que actuaba bajo sus órdenes y el acusado I.G.L., empleado de la citada empresa, se dirigieron al laboratorio balístico donde procedieron al embalaje, precintado y etiquetado de los fusiles.

Además se aseguraron de que en los envases de cada fusil hubiera dos cargadores de 30 cartuchos, una caja de conservación y transporte, un estuche de limpieza y un manual de instrucciones para cumplir con las condiciones del pliego de prescripciones de la licitación.

Igualmente estamparon en los envases pegatinas con el logotipo de la citada empresa y una referencia al número de expediente de licitación para el que la muestra se entregaba encima de los adhesivos que ya tenían en los que se identificaban el número de serie de cada fusil y la titularidad de la Guardia Civil.

B.H.Z. presentó el día 27 de ese mes su oferta de licitación con el recibo de entrega de la muestra firmado por el coronel. EFE