Visto para sentencia el primer juicio de la trama de corrupción Lezo relacionada con el PP

Madrid, 7 oct (EFE).- La Audiencia Nacional ha dejado este miércoles visto para sentencia, tras un mes de sesiones, el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, en el que se han sentado en el banquillo 19 acusados, entre ellos dos consejeros del Gobierno madrileño de Alberto Ruiz-Gallardón.

Esta primera pieza de la causa ha enjuiciado la compra en 2001 por parte de la empresa pública Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares, autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A juicio de la Fiscalía Anticorrupción se ejecutó de forma irregular con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo justificado y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

Han sido juzgados 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, que fueron consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte, junto con otros nueve procesados, del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, el primero como presidente de esta entidad.

Igualmente tres excargos de Canal de Isabel II y otros cinco acusados que según la Fiscalía habían sido ejecutivos de la sociedad Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR) que a través de la cual se vincularon profesionalmente con la sociedad colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (Triple A), el principal activo de INASSA cuando tuvo lugar la operación objeto del juicio.

Según la Fiscalía estos cinco acusados se repartieron más de nueve millones de euros fruto de la operación mientras que del resto del precio pagado se desconoce cuál fue su destino final.

Todos los acusados se enfrentan a una petición de la Fiscalía de cuatro años y medio de prisión por supuesta malversación de caudales públicos.

Por su parte las defensas han pedido la absolución de todos los acusados, que han proclamado su inocencia frente a las acusaciones formuladas por la Fiscalía, las abogacías de la Comunidad madrileña y el Ayuntamiento de Madrid y el PSOE, y además han alegado la prescripción del delito por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos investigados.

Solo han hecho uso del derecho a la última palabra dos acusados, uno de ellos el que era subdirector de Nuevos Negocios de Canal de Isabel II, Juan Pablo L.H., que ha mantenido que se trató de una "magnífica operación" para la empresa y para la Comunidad de Madrid y ha lamentado el daño profesional y personal que le ha causado este proceso.

"Mis hijos han crecido y mis padres han muerto viéndome acusado de barbaridades", ha comentado.

Por su parte, uno de los que eran miembros del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, Miguel Ángel S.E., ha dicho: "Pido a las acusaciones que en el futuro sean más sensibles para que no ocasionen los daños que nos han causado tanto física como profesionalmente".

La última abogada defensora en intervenir en el juicio, Leticia de la Hoz, ha pedido que se aplique en esta causa lo establecido en la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Constitucional (TC) que avala amnistiar el delito de malversación a los líderes del proceso de independencia de Cataluña, lo que abre la puerta al retorno a inmediato a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Ha explicado que el TC ha considerado que todo delito de malversación lleva inherente un enriquecimiento personal, lo que a su juicio no ha ocurrido en relación con acusados como su defendido, exmiembro del Consejo de Administración de Canal de Isabel II.

El principal acusado del caso Lezo, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y vicepresidente en la etapa del Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre, que estuvo en prisión provisional unos seis meses tras ser detenido en 2017, no se ha sentado en el banquillo de este juicio, ya que será juzgado en otras piezas de la causa. EFE