Madrid, 6 oct (EFE).- Los diputados y senadores que este martes dejan el cargo por la disolución de las Cortes tienen derecho a cobrar una indemnización que se calcula en función de lo que cobrarían hasta la fecha de las elecciones y que en su mayor parte supera los 10.000 euros, según un cálculo aproximado.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el decreto de convocatoria de elecciones, que serán, según marca la ley, 54 días después, es decir, el 29 de noviembre.
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Por tanto desde hoy dejan de ser parlamentarios todos los diputados y senadores de la XV Legislatura y por ello pierden su remuneración mensual, salvo los que componen las diputaciones permanentes de ambas cámaras, que son los órganos que velan por sus poderes cuando están disueltas.
Se les compensa con una indemnización que se da en un pago único, tributa a Hacienda y reciben únicamente si no tienen otros ingresos.
Son las Mesas parlamentarias quienes las aprueban; habitualmente el cálculo se hace mediante prorrateo de la asignación constitucional y los complementos que percibía el parlamentario cada mes por los días que faltan hasta la víspera de las elecciones.
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La asignación mensual básica que percibe un diputado actualmente es de 3.666,99 euros y la de un senador es de 3.417,54 euros.
A esas asignaciones se les suma un complemento de gastos, llamado indemnización en los respectivos reglamentos.
En el Congreso es ahora de 2.162,85 euros, excepto para los diputados elegidos por Madrid, que es de 1.032,38 euros, mientras que en el Senado sube a 2.193,50 euros y 1.046,08 euros respectivamente.
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Además, los miembros de las mesas y los portavoces de grupos y comisiones cobran también otros complementos, que se incluyen asimismo en el cálculo.
De esta forma, un diputado o senador raso y elegido por Madrid puede recibir una indemnización "de transición", según su definición, de casi 8.500 euros, pero la previsión es que la mayoría de los parlamentarios tenga derecho a una paga de más de 10.000 euros, cifra que es a su vez superior para los portavoces y miembros de mesas.
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Si la indemnización de transición puede considerarse una especie de "finiquito", la indemnización por cese podría equipararse a una prestación mensual por "desempleo", siempre teniendo en cuenta que la relación que tienen los parlamentarios con las Cámaras no es laboral.
Ambas solo se cobran si no se tienen otros ingresos; un nombramiento para otro cargo público impediría su percepción.
La indemnización por cese se calcula en función de los años en los que se ha sido parlamentario, con un mínimo de dos, a cuenta de una mensualidad por cada año en el cargo, con un máximo de veinticuatro mensualidades.
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No reciben la indemnización de transición los miembros de las diputaciones permanentes.
Esos 69 diputados (incluida la presidenta del Congreso) y 37 senadores (contando al presidente de la Cámara Alta) continúan con su asignación constitucional, ya que mantienen la plena condición de parlamentarios hasta que se constituyan las nuevas cámaras.
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La constitución del Congreso y del Senado para la XV Legislatura se ha fijado para el 23 de diciembre, a las 10 horas. EFE
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