El juez interroga este jueves como testigo a un exchófer de Pedro Sánchez en el 'caso hidrocarburos'

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, ha citado este jueves a declarar como testigo a Cristian Corvillo --a quien el PP sitúa como exchófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- sobre su supuesta relación con la presunta trama.

En una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, Pedraz citó a Corvillo a las 10.15 y también a su hermano Rubén en el marco de la investigación abierta sobre el supuesto fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, entre otros.

Pedraz determinó que el interrogatorio quedará "delimitado" al "objeto principal" del procedimiento, esto es, "el fraude contra la Hacienda Pública y consiguiente blanqueo de capitales cometido por la sociedad Villafuel", propiedad de Rivas y vinculada a Aldama, conseguidor en el 'caso mascarillas' condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Supremo.

El pasado diciembre, el empresario José Fernández Rosado, investigado en esta causa, declaró que Corvillo le había ofrecido ser testaferro de Espaeventos, una de las empresas investigadas, a cambio de cobrar una cantidad de dinero que no habría llegado a percibir.

Por otro lado, Corvillo fue llamado el año pasado por el PP a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde alegó que desconoce "la posición exacta" que le dan los investigadores en la presunta trama de corrupción y rechazó contestar a ninguna de las preguntas.

"TESTIGOS DIRECTOS"

La organización Hazte Oír, que lidera la acusación popular en el 'caso hidrocarburos', pidió al juez que ambos hermanos fueran citados a testificar al considerar que fueron "testigos directos presuntamente de diversos hechos" investigados.

En concreto, apuntó a que "ambos hermanos se incorporaron, por mediación de Corvillo Energy --empresa representada por Rubén Corvillo--, al accionariado de las sociedades 'holding' que, según la propia confesión de Aldama recogida en intervenciones telefónicas, gestionaban el conjunto del patrimonio presuntamente derivado del fraude".

Por ello, Hazte Oír consideró que ambos pueden "ofrecer información directa sobre la configuración y dirección de la organización", y argumentó que las sociedades vinculadas a los hermanos "recibieron pagos millonarios procedentes de las sociedades interpuestas que presuntamente participaron en el fraude del IVA", por lo que "presuntamente conocen el origen y la trazabilidad de tales pagos".

Sobre Cristian Corvillo, la organización aseguró que "mantuvo una comunicación constante" con Aldama y señaló que "aparece reseñado" en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "receptor de cantidades en efectivo bajo la denominación clave de 'escrituras'". Además, incidió en que intervino "en la operación de adquisición del inmueble de La Alcaidesa (Cádiz) destinado" al exministro de Transportes José Luis Ábalos, uno de los extremos que se juzgó en el 'caso mascarillas'.

Respecto a Rubén Corvillo, socio y administrador único de Corvillo Energy, Hazte Oír señaló que "debe necesariamente conocer el origen de los fondos con que se acometió la compra de la deuda hipotecaria de Pilot Real Estate --empresa administrada por Aldama-- y la posterior ejecución del inmueble de Sotogrande", así como "las circunstancias precisas de la facturación cruzada con Salamanca Fuel Center", una de las sociedades que presuntamente simuló adquirir hidrocarburos a Villafuel.

La Fiscalía Anticorrupción se mostró a favor de estas declaraciones, si bien interesó que se limitaran a indagar en la supuesta relación de los Corvillo con la operativa objeto de esta investigación por presunto fraude y de las sociedades con ella relacionadas, sin entrar en el 'caso Koldo'.

INFLUENCIA EN VARIOS MINISTERIOS

La UCO apuntó en un informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica", según el Instituto Armado.

Además, los agentes señalaron a Aldama y a Rivas como presuntos cabecillas de la trama, indicando que "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".

La supuesta trama habría formado "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".

"De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas", según el informe.

La UCO estableció el inicio de las supuestas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del "entorno de la presunta organización criminal" se habría pedido a Aldama "que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes", para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.

Y sostuvo que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García, ambos condenados por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas' a 24 y 19 años de prisión, respectivamente.