Más Madrid pide al Tribunal de Cuentas que investigue si hubo perjuicio a las arcas públicas por la compra del ático

El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha presentado ante el Tribunal de Cuentas una acción pública para exigir a la Comunidad de Madrid responsabilidad contable por la compra, a través de la empresa pública Planifica Madrid, del ático situado en el Paseo del General Martínez Campos por 6,3 millones de euros, y reclamar que se practiquen actuaciones previas para determinar si la operación ocasionó un perjuicio a los fondos públicos y quiénes serían sus responsables.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, la formación plantea al órgano fiscalizador que practique las actuaciones previas necesarias para esclarecer las circunstancias de la adquisición, determinar el eventual menoscabo económico y concretar quiénes serían sus responsables

Más Madrid sostiene que no pide al Tribunal de Cuentas una investigación genérica de la gestión de la empresa pública, sino que pone en su conocimiento una operación concreta rodeada, a su juicio, de indicios objetivos de un posible menoscabo de caudales públicos.

"No pedimos al Tribunal que investigue genéricamente una operación para ver si encuentra algo", señala el escrito, que reclama que se reconstruya la operación y se determine "la existencia, cuantía y responsables" del eventual perjuicio.

El inmueble, de unos 485 metros cuadrados y una terraza de aproximadamente 200 metros cuadrados, fue adquirido el 14 de abril de 2026 por Planifica Madrid, sociedad integrada en el sector público de la Comunidad de Madrid y adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Según el escrito, la operación se justificó en la necesidad de disponer temporalmente de oficinas o dependencias para la Presidencia de la Comunidad durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos.

Sin embargo, Más Madrid cuestiona que se haya acreditado la necesidad de adquirir este inmueble en propiedad frente a otras alternativas, especialmente teniendo en cuenta que el ático no habría llegado a utilizarse y la Comunidad ha anunciado posteriormente su intención de venderlo. La formación considera que estas circunstancias deben ser examinadas para determinar si la adquisición estaba suficientemente justificada y si respondía realmente a una necesidad pública.

PIDE ACLARAR POR QUÉ SE COMPRÓ EL INMUEBLE

Uno de los elementos que Más Madrid reclama que se investigue es la justificación de la compra y la idoneidad del inmueble para el uso administrativo previsto. El escrito señala que no consta en la información pública disponible una explicación detallada sobre las razones que llevaron a seleccionar ese inmueble ni sobre la conveniencia de comprarlo frente a opciones como el alquiler o el uso de otras dependencias públicas.

Además, apunta a una discrepancia entre la finalidad declarada y la información catastral: el inmueble figura con uso catastral principal residencial. Por ello, solicita que se compruebe su situación urbanística, el uso autorizado y si podía destinarse a actividades administrativas en el momento de la adquisición.

También reclama conocer si antes de la compra se realizaron los correspondientes informes jurídicos, técnicos y económicos, tasaciones y estudios de alternativas, así como las ofertas y propuestas que se recibieron durante la negociación.

EL COSTE DE LA OPERACIÓN SUPERA LOS 6,3 MILLONES

Más Madrid advierte además de que el desembolso público no se limitaría a los 6,3 millones de euros del precio de compra. El escrito cifra en 378.000 euros el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y calcula entre 4.500 y 9.500 euros otros gastos de la compraventa, como notaría y gestoría.

Con esos conceptos, y sin incluir una eventual comisión de intermediación de 189.000 euros que, según las informaciones recogidas en el escrito, habría sido abonada por la parte vendedora, la formación sitúa provisionalmente el coste de adquisición entre 6,682 y 6,687 millones de euros. El documento precisa que estas cantidades son provisionales y que deberán sustituirse por el coste efectivo que resulte de la documentación de la operación.

A ello se sumarían los gastos derivados de mantener el inmueble en propiedad, que Más Madrid calcula provisionalmente en unos 2.000 euros mensuales, incluyendo mantenimiento, suministros, seguro y comunidad.

UNA VENTA POR 6,7 MILLONES PODRÍA GENERAR PÉRDIDAS

Otro de los argumentos centrales de la acción es la decisión de poner a la venta el inmueble apenas cuatro meses después de su adquisición, con un precio de salida anunciado de 6,7 millones de euros.

Más Madrid considera necesario calcular el resultado económico real de la operación porque al precio de venta habría que restarle los gastos asociados a la enajenación. El escrito estima en torno a 170.000 euros determinados costes e impuestos, y añade una comisión de intermediación calculada provisionalmente en unos 200.001 euros, además de los gastos de mantenimiento.

En un escenario elaborado por la propia formación, la venta por 6,7 millones generaría unos ingresos netos aproximados de 6,318 millones de euros. Frente al coste de adquisición calculado en 6,6825 millones, resultaría una posible pérdida de unos 364.500 euros.

QUIERE QUE SE DETERMINE QUIÉN TOMÓ LAS DECISIONES

La formación reclama asimismo que se esclarezca la intervención concreta de las personas y órganos que participaron en la operación. El escrito identifica a los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid y señala que, conforme a los estatutos, este órgano tiene competencias para la adquisición de bienes inmuebles, aunque dentro de las actividades vinculadas a la Administración autonómica.

Entre las personas mencionadas figura el presidente del Consejo de Administración de la sociedad y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, además de otros miembros del órgano de administración. También se menciona a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, únicamente a efectos de determinar una eventual intervención efectiva en la definición de la necesidad o en conversaciones preliminares, según recoge el documento.

Más Madrid recalca expresamente que no atribuye responsabilidad por el mero hecho de ostentar un cargo, sino en función de la intervención concreta que pudiera acreditarse.

RECLAMA EL EXPEDIENTE COMPLETO Y UNA ACTUACIÓN URGENTE

Para esclarecer los hechos, Más Madrid solicita al Tribunal de Cuentas que reclame a Planifica Madrid, a la Consejería de Presidencia y a los demás órganos o personas que hubieran intervenido el expediente completo de adquisición, los acuerdos del Consejo de Administración, posibles encargos o instrucciones de la Comunidad, informes jurídicos, técnicos y económicos, tasaciones, ofertas, documentación de la negociación, contratos de intermediación, escritura de compraventa, justificantes de pago y liquidaciones tributarias.

También pide información sobre la situación registral, catastral y urbanística del inmueble, su eventual adaptación, mantenimiento y utilización, así como toda la documentación relativa a la decisión de venderlo, las ofertas recibidas, las valoraciones y las condiciones de la eventual transmisión.

La formación reclama además que el procedimiento se tramite con carácter urgente, debido a que la venta del inmueble podría producir consecuencias patrimoniales que dificultasen las actuaciones de investigación.

En definitiva, Más Madrid sostiene que existen indicios que justifican comprobar si la compra respondió a "una necesidad pública real, si el inmueble era adecuado para el uso previsto, si se actuó con la diligencia exigible en la gestión de fondos públicos, cuál fue el coste efectivo de la operación y qué consecuencias económicas tendría su eventual venta".