EU-Podem denuncia al alcalde de Alicante, dos concejales y un exedil por posible fraccionamiento de contratos

EU-Podem del Ayuntamiento de Alicante ha presentado este lunes en los juzgados una denuncia por posible fraccionamiento de contratos en los servicios jurídicos del consistorio dirigida contra el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), el vicealcalde y responsable de Asesoría Jurídica y Contratación, Manuel Villar; la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, y el exedil de esta área Toni Gallego, que dimitió en 2025.

En un comunicado, la coalición ha señalado que el objetivo de esta acción es "que se investigue la contratación, el reconocimiento y el pago de servicios externos de defensa jurídica y procuraduría del Ayuntamiento de Alicante entre 2022 y 2025".

La denuncia, que también se dirige contra funcionarios "que pudieran aparecer como responsables en el curso de la investigación", solicita que "se valore la posible comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente corresponda".

EU-Podem presentó una primera denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante el 1 de junio de 2026, aunque se acabó archivando el 23 de julio. El grupo municipal ha abundado en que, "aunque la Fiscalía apreció" un "quebranto normativo patente" y "calificó el proceder" como "difícilmente justificable", consideró que "los hechos analizados no alcanzaban entidad penal suficiente conforme al principio de intervención mínima".

La coalición ha subrayado que la denuncia presentada ahora ante el juzgado se amplía "sustancialmente" e "incorpora los informes anuales de control interno de 2022, 2023, 2024 y 2025, que reflejan la repetición de reparos por posible fraccionamiento de contratos menores, la omisión del procedimiento legal para resolver las discrepancias con la Intervención y, en distintos ejercicios, la necesidad de acudir a resoluciones judiciales para reconocer la indemnización a los prestadores".

IMPORTES

Según EU-Podem, "los importes identificados en los informes ascienden a 18.353,86 euros en 2023, 10.692,27 euros en 2024 y 5.732,03 euros en 2025", es decir, "un total de 34.778,16 euros". Añade que el ejercicio de 2022 "no se incluye en la suma porque el centro gestor desistió de seis expedientes disconformes y la documentación agregada no permite fijar una cantidad abonada" y que "tampoco están cuantificados posibles intereses, costas u otros costes derivados de las reclamaciones".

Añade que, de acuerdo con la documentación aportada, "el centro gestor 13, Asesoría Jurídica, tramitó separadamente prestaciones homogéneas de defensa jurídica o procuraduría". "La Intervención formuló reparos por posible fraccionamiento contrario al artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y señaló que, cuando el área gestora no aceptó el reparo, no se siguió el procedimiento de resolución de discrepancias previsto legalmente", remarca.

EU-Podem ha incidido en que la denuncia destaca que "la junta de gobierno local acordó en junio de 2023 licitar mediante procedimiento abierto tres lotes de representación procesal por 145.200 euros para dos años". Para la coalición, ese acuerdo "acredita que los responsables municipales conocían la necesidad de agrupar las prestaciones y someterlas a un procedimiento con publicidad y concurrencia".

También solicita "investigar la ausencia reiterada del plan de acción corrector previsto en el artículo 38 del Real Decreto 424/2017" y hace hincapié en que "los informes de control interno de 2022 a 2025 señalan que no consta su elaboración, pese a que corresponde a la presidencia de la corporación formalizarlo en un máximo de tres meses para corregir las deficiencias detectadas".

"La documentación municipal disponible refleja los resultados de fiscalización, los reparos y las resoluciones judiciales indemnizatorias, pero no reproduce íntegramente todos los expedientes", han resaltado desde EU-Podem, que ha reclamado al juzgado que "compruebe los hechos e individualice las resoluciones que aprobaron o adjudicaron contratos, reconocieron obligaciones, autorizaron pagos o mantuvieron la tramitación pese a los reparos, así como la intervención y el conocimiento de cada persona".

El grupo municipal ha precisado que la denuncia se acompaña de 13 bloques documentales, entre los que están "las actuaciones de Fiscalía, los informes municipales de control interno de cuatro ejercicios, el informe específico de reparos de 2025, los decretos de delegación de competencias y varios acuerdos de la junta de gobierno local relativos a la licitación de los servicios de procuraduría".

"VENIMOS A PEDIR QUE SE INVESTIGUE"

Sobre este asunto, el portavoz municipal de EU-Podem, Manolo Copé, ha señalado: "No venimos a dictar una sentencia a las puertas del juzgado. Venimos a pedir que se investigue por qué una práctica advertida como irregular se repitió durante cuatro ejercicios sin corregirse".

Ha apuntado que "la Fiscalía archivó, pero no blanqueó lo ocurrido", y que "cuando el propio decreto habla de un quebranto normativo patente", la obligación del grupo municipal "es aportar la visión completa y pedir que el órgano judicial investigue".

"La gravedad no está únicamente en la cuantía de cada factura. Está en que las advertencias se repitan, los controles se omitan y no consten medidas para corregir la práctica. Las reglas de contratación protegen la igualdad, la transparencia y el dinero público", ha concluido Copé.

EU-Podem ha señalado que "la presentación de la denuncia no prejuzga la culpabilidad de ninguna persona y que corresponde exclusivamente al órgano judicial valorar los indicios, practicar las comprobaciones oportunas y determinar, en su caso, las responsabilidades".