Convocada el miércoles la Diputación del Congreso que decidirá si Sánchez también debe dar explicaciones sobre Ceuta

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha convocado para el próximo miércoles la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara con el fin de votar si el presidente Pedro Sánchez debe ser llamado a comparecer en sesión plenaria para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta.

La comparecencia de Sánchez ha sido pedida por el PP, que también quiere citar en agosto a otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen agendada su cita para dar explicaciones en comisión en la Cámara Baja.

En concreto, el PP reclama la comparecencia urgente de Sánchez para "informar sobre la gravísima situación que atraviesa Ceuta como consecuencia del incremento de las entradas ilegales de inmigrantes por vía marítima a través de Marruecos a raíz de la imposibilidad de aplicar los rechazos en frontera en ese ámbito; sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea y el ejercicio efectivo de la soberanía nacional; así como para dar explicaciones sobre la política de cooperación del Gobierno con Marruecos en materia de control migratorio".

UNA PRESIÓN MIGRATORIA CRECIENTE

Según subraya la petición de comparecencia, recogida por Europa Press, Ceuta y Melilla están "soportando una presión migratoria creciente que compromete gravemente la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y supone un riesgo para la estabilidad, la seguridad y el normal funcionamiento de ambas ciudades".

Para que la iniciativa del PP prosperase, debería recibir el apoyo o la abstención de al menos dos de los socios habituales del Gobierno. Y si ello ocurriera, habría que buscar una fecha para celebrar ese Pleno antes del 1 de septiembre, que es cuando se reanuda oficialmente el periodo ordinario de sesiones.

También para hablar de la crisis de Ceuta el PP quiere llamar de urgencia a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Defensa, Margarita Robles; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Migraciones, Elma Sáiz; de Sanidad, Mónica García, de Juventud e Infancia, Sira Rego; y de Igualdad, Ana Redondo.

Todos ellos ya tienen previsto comparecer en los próximos días a petición del propio Gobierno, que registró las solicitudes tras las demandas de la oposición. Precisamente la convocatoria de esas sesiones en el Congreso justificó la negativa del Ejecutivo a atender las peticiones de comparecencia que el PP forzó en el Senado.

Y también tiene cita en el Congreso el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a quien el PP pide explicaciones por el relevo de una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional del gabinete de Presidencia del Gobierno que publicó en la web del organismos cifras de la entrada masiva de inmigrantes antes de que el Ejecutivo diera sus datos oficiales.

CASO LEIRE, ALMARAZ, FONDOS EUROPEOS

Pero, además, el PP quiere el ministro de Interior comparezca en el Pleno del Congreso para informar del proceso de regularización extraordinaria de migrantes y que el propio Marlaska y Robles acudan juntos a la Cámara para rendir cuentas por la continuidad en el cargo de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su director adjunto operativo (DAO) pese a haber sido imputados en el 'caso Leire'.

Asimismo, los 'populares' piden la comparecencia extraordinaria de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para informar de los graves incendios forestales del verano y de la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, que ha sido elogiada por PP y Vox y censurada por Sumar y buena parte de los aliados del Gobierno de coalición. .

Y, por último, el PP quiere que la Diputación Permanente llame a comparecer al vicepresidente primero y responsable de Economía, Carlos Cuerpo, para dar cuenta de novena modificación de la adenda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation, aprobada a finales de julio, "y su impacto negativo en las previsiones y compromisos adoptados por el Gobierno, para generar un impulso transformador del tejido productivo, de la adaptación de nuestro territorio y del bienestar de las familias".