El Supremo estudiará el recurso del PP para obligar a ministros a comparecer en el Senado en agosto

El Tribunal Supremo (TS) estudiará el recurso contencioso-administrativo que el PP interpuso este jueves con el objetivo de obligar a varios ministros del Gobierno a comparecer en el Senado antes del mes de septiembre, a raíz de las incomparecencias de algunos miembros del Ejecutivo en la última semana.

El PP impulsó la vía judicial tras las ausencias de los ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa, José Manuel Albares, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, en las comisiones del ramo de la Cámara Alta de la semana pasada, a las que habían sido citados para hablar sobre la crisis migratoria derivada de la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos entre el pasado 30 y 31 de julio.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala Tercera del Contencioso Administrativo del alto tribunal da por recibido el escrito y por interpuesto el recurso, y acuerda remitir el contenido del mismo a la Sala de Vacaciones para que decida acerca de las medidas cautelares solicitadas por el PP.

Y es que el Grupo Popular en la Cámara Alta había reclamado al Supremo que ordenara al Gobierno "cesar en su conducta de impedir o eludir las comparecencias reclamadas por el Senado, así como acudir a las sesiones "todavía pendientes".

UN PLAZO DE 24 HORAS PARA POSIBILITAR LAS COMPARECENCIAS

Del mismo modo, proponían adoptar en un plazo de 24 horas "las decisiones necesarias para posibilitar las comparecencias de los restantes ministros antes de que termine agosto" y comunicar inmediatamente al Senado la disponibilidad de los ministros.

Con ello, el PP buscaba que el Gobierno se abstenga "de condicionar las comparecencias en el Senado a su sustitución por comparecencias promovidas por el propio Ejecutivo ante el Congreso".

En el escrito, los 'populares' sostienen que el Gobierno no puede decidir de forma unilateral ante qué Cámara de las Cortes Generales rinde cuentas y defiende que comparecer voluntariamente en el Congreso no puede "sustituir ni anular" una solicitud de comparecencia debidamente tramitada por el Senado.

Argumentan así que la Cámara Alta cuenta con plena autonomía para ejercer sus funciones de control y que el Congreso no puede "monopolizar" las comparecencias de los miembros del Ejecutivo.

Y consideran que el plante del Gobierno atenta contra los derechos fundamentales de los senadores al impedir que se ejerza la fiscalización al Ejecutivo.