Unos 50 detenidos por facilitar papeles a falsas parejas de hecho en operación en Melilla

Melilla, 10 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 54 personas e investigado a otras 196 sobre las que pesan órdenes de detención por su presunta participación en una trama dedicada a facilitar de manera fraudulenta autorizaciones de residencia en España mediante la constitución de parejas de hecho ficticias en Cataluña.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Melilla en una nota, hay otras dos personas que han prestado declaración en calidad de investigadas no detenidas en el marco de la denominada operación ‘Octopus’, desarrollada en la ciudad autónoma con 252 presuntos implicados en delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La investigación, que la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Melilla comenzó en mayo del año pasado, ha permitido determinar que los interesados, principalmente de origen marroquí, llegaban a pagar entre 10.000 y 12.000 euros para regularizar su situación en España mediante uniones fraudulentas con ciudadanos comunitarios y documentación falsa.

Por su parte, las personas que accedían a constituir las parejas de hecho ficticias percibían alrededor de 2.000 euros, mientras que los falsos testigos cobraban aproximadamente 500 euros, según las pesquisas policiales, que determinan que el resto del dinero quedaba en manos de los facilitadores y gestores.

La investigación arrancó cuando la Policía tuvo conocimiento de la celebración de varias uniones de pareja de hecho de conveniencia y comprobó presuntas falsedades tanto en los documentos notariales utilizados para acreditar las uniones como en contratos de arrendamiento y altas padronales en distintos domicilios de Cataluña.

Durante el desarrollo de la operación, los investigadores confirmaron la participación de 34 personas que desempeñaban diferentes funciones dentro de la trama, entre ellas falsos testigos de las uniones, captadores de ciudadanos españoles dispuestos a formalizarlas y facilitadores encargados de realizar las gestiones necesarias para consumar el fraude.

Asimismo, se constató la participación relevante de una asesora administrativas y varios gestores administrativos que presuntamente se encargaban de preparar y presentar los expedientes y solicitudes.

Las personas de nacionalidad comunitaria eran captadas principalmente en Melilla, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Madrid y Málaga.

Al residir los ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación en otras provincias, buena parte de los trámites se formalizaban en notarías de sus lugares de residencia, principalmente en Barcelona y Girona, aunque la actividad se extendió también a otras provincias catalanas.

Para dar apariencia de la legalidad a las uniones, se habrían utilizado certificados de empadronamiento falsos o conseguidos fraudulentamente, en algunos casos mediante contratos de arrendamiento ficticios.

Los investigadores detectaron además que varias de las parejas investigadas llegaron a utilizar un mismo domicilio a efectos de empadronamiento.

La operación se enmarca en el trabajo desarrollado por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional para combatir la inmigración irregular y, en particular, las fórmulas fraudulentas utilizadas para obtener autorizaciones de residencia mediante matrimonios o uniones de hecho ficticias. EFE