Madrid, 7 ago (EFE).- La denuncia que presentará el PSOE ante la Fiscalía provincial de delitos económicos en la Comunidad de Madrid apunta a un posible delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos en la compra del ático de Chamberí.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE y cuya presentación, según fuentes del PSOE, es "inminente", está dirigida contra el Consejo de Administración de la empresa Planifica Madrid.
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El inmueble fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la novena planta de un edificio residencial, para emplearlo como oficina de la presidenta durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos, pero que finalmente puso en venta para emplear los beneficios, aseguran, en la reconstrucción tras los incendios de la sierra oeste madrileña.
Los socialistas señalan que el cauce elegido para la adquisición del inmueble es "contradictorio e injustificado" para la finalidad declarada públicamente.
En ese sentido, apuntan a un posible uso de Planifica Madrid como entidad mercantil de derecho privado con el objetivo de "evitar las normas del patrimonio público y sus controles".
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Para el PSOE, la operación cercena los mecanismos de publicidad que concurren en el caso de la compra de patrimonio público previstos en la Ley 3/2001, desde la celebración de un concurso hasta la comunicación a la Asamblea de Madrid.
Además, resalta que el presupuesto de Planifica Madrid para el ejercicio 2026 no contempla ninguna partida destinada a la compra de bienes inmuebles de la naturaleza del adquirido.
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"¿Estamos ante una gravísima irresponsabilidad negligente que da lugar a una adquisición con altos costes para una finalidad imposible de cumplir y que podía haber sido resuelta mediante otras fórmulas menos gravosas, causando un perjuicio al erario público, o, realmente, toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial?", se pregunta la formación en la denuncia.
Para los socialistas, la venta "precipitada" del inmueble es otro "indicio" de posibles irregularidades en la compra y puede ser en sí misma una "situación irregular, también con posible relevancia penal". EFE
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