Las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia suben un 60% en el primer semestre, el 70% contra ministerios

Las reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por personas disconformes con la respuesta o con el silencio de la administración a sus solicitudes de información, se han incrementado un 60% en el primer semestre de 2026, con respecto al mismo periodo del año anterior, y casi el 70% de las mismas se presentaron ante la negativa de ministerios o entidades públicas estatales a proporcionar los datos solicitados.

En concreto, según ha informado el consejo este jueves, la autoridad independiente encargada de velar por la transparencia pública en el nivel estatal recibió el primer semestre de 2026 un total de 1.758 reclamaciones, de las cuales 1.211 (el 68,8%) corresponden a quejas contra ministerios y entidades públicas estatales.

El resto de las reclamaciones recibidas (547 expedientes) se presentaron frente a las administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de las comunidades autónomas que han atribuido al consejo el ejercicio de la competencia en esta materia mediante el correspondiente convenio.

EL AÑO PASADO SE INCREMENTARON UN 40%

Este incremento confirma la tendencia al alza en la entrada de expedientes de ciudadanos que recurren al consejo para que este garantice su derecho de acceso a la información pública. En 2025, según recoge la Memoria de Actividad de la institución, se recibieron 2.767 reclamaciones, un 40% más que el ejercicio anterior.

Pero desde el consejo denuncian que, mientras las reclamaciones no hacen más que crecer el organismo sigue funcionando con la misma plantilla y los mismos recursos desde 2023, el último año en el que hubo Presupuestos Generales del Estado. En concreto, cuentan con una treintena de personas y un presupuesto de 3,38 millones de euros.

Para la presidenta del consejo, Concepción Campos Acuña, el crecimiento sostenido de reclamaciones confirma el afianzamiento de la cultura de transparencia en la ciudadanía, pero evidencia también una "realidad ineludible": que la "función de garantía que realiza el Consejo del derecho a saber, clave en democracia, no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales".

EXPEDIENTES CADA VEZ MÁS COMPLEJOS

En este contexto, hace hincapié en que necesitan más recursos para poder afrontar este creciente volumen de trabajo y "garantizar el derecho de acceso en plazo y con calidad". Además, Campos destaca que "la complejidad material de los expedientes también va en aumento" con la progresiva aparición de nuevas demandas de información pública por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, y su creciente uso por parte de la Administración.

Además de garantizar el derecho de acceso a la información pública mediante la resolución de reclamaciones de la ciudadanía en esta materia, el consejo realiza otras muchas funciones: evalúa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de entidades públicas y privadas, elabora criterios interpretativos y recomendaciones que ayuden a la aplicación de la ley, atiende consultas que le formulan los sujetos obligados e impulsa y participa en acciones de formación y sensibilización a empleados públicos, entre otras.