El PP ha reclamado la comparecencia parlamentaria del director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, para que informe del cese de la funcionaria del departamento de Seguridad Nacional que publicó los primeros datos de entrada ilegal de migrantes en la crisis de Ceuta del pasado jueves.
En las primeras 24 horas de la entrada masiva de migrantes, el Gobierno evitó dar cifras por canales oficiales de cuántas personas habían ingresado irregularmente en territorio nacional, pero la web de Seguridad Nacional se adelantó y el viernes por la mañana publicó una primera cifra de 49.000 personas llegadas a Ceuta en un solo día.
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Ese mensaje de la web del DSN, que encabeza la general Loreto Gutiérrez Hurtado y que se encuadra en el gabinete de la Presidencia del Gobierno, fue la primera cifra que salía desde el Ejecutivo y elevaba la magnitud de la crisis a una categoría inédita, muy superior a la de mayo de 2021, en la que accedieron a Ceuta unas 10.000 personas en unas 48 horas.
La publicación fue borrada después y, ya sobre las 14 horas de ese viernes, el Gobierno hizo público su primer balance oficial, hablando de 50.000 personas, similar a la que se había adelantado en la web de Seguridad Nacional.
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El Gobierno ha reconocido que la funcionaria encargada de la página web del Departamento de Seguridad Nacional ha sido cesada por pérdida de confianza, alegando que publicó una información "no verificada" sobre un asunto tan sensible.
DESTITUIDA POR HACER BIEN SU TRABAJO
El PP sospecha que la funcionaria ha sido "destituida por hacer bien su trabajo" y considera que el Gobierno "tiene miedo" a "la verdad", por lo que exige explicaciones al Gobierno.
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Por un lado, pide que el director de gabinete de Sánchez comparezca en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional y, por otro, ha registrado una serie de preguntas por escrito para saber si esa destitución guarda relación con la publicación de la alerta en la que se informaba de la entrada irregular de 49.000 inmigrantes en Ceuta.
En caso de ser así, el PP pide saber si el Ejecutivo considera que emitir una alerta sobre hechos reales que afectan a la seguridad nacional puede ser motivo de destitución y si entiende que los hechos sobre los que se alertaba debían haberse mantenido ocultos a la opinión pública.
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