
La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha trasladado a los gobiernos y parlamentos de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León una propuesta para que sus normativas de vivienda eximan al personal militar de los periodos mínimos de empadronamiento continuado que exigen para acceder a viviendas protegidas o ayudas al alquiler.
Según ha informado la asociación en una nota de prensa, la propuesta presenta la figura del "Arraigo Institucional Equivalente". Su intención sería exigir a las comunidades autónomas reconocer la publicación del destino en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) como causa de dispensa inmediata de los plazos de empadronamiento, así como el cómputo acumulado de toda la trayectoria militar previa en territorio español.
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La proyección, según la intención de la UMT, abarca tanto normativas ya en vigor como a las que se encuentran en fase de tramitación o negociación. La propuesta contempla en su extensión al personal en servicio activo, en reserva, retirado y a los reservistas de especial disponibilidad (RED), así como a sus familias dependientes.
Según ha explicado la UMT, los requisitos autonómicos, "que oscilan entre 5 y 15 años de empadronamiento continuado", "chocan" con la movilidad geográfica propia de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros están sometidos a "traslados de residencia forzosos cada uno, dos o tres años" por necesidades del servicio.
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PADRÓN A CERO
Esta circunstancia provoca lo que la asociación denomina el "padrón a cero": con cada cambio de destino, el historial de empadronamiento se reinicia administrativamente, dejando al militar como un "recién llegado" excluido de las ayudas sociales de la comunidad de acogida.
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En este sentido, el presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños, ha afirmado que la asociación se anticipa "con visión estratégica" a la tramitación de estas leyes para defender los intereses del colectivo "desde el primer borrador".
Además, Durán Baños ha citado la reciente cesión de suelo por el Ayuntamiento de Zamora para construir viviendas destinadas a 1.400 militares en Monte la Reina y ha instado a la Junta de Castilla y León y al resto de gobiernos autonómicos a incorporar esta figura de 'arraigo institucional'.
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