Vox recurrirá ante el Supremo la resolución de la JEC sobre la 'ley de nietos' para que obligue al organismo a actuar

Vox recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en la que el organismo arbitral afirma no tener competencias para actuar ante las nacionalizaciones de descendiente de españoles derivadas de la 'ley de nietos', a pesar de que parte del organismo arbitral aprecia un "incremento irregular" del censo electoral.

En concreto, la JEC solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la 'ley de nietos' que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España. Además, se declaró incompetente para actuar alegando que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por esta vía excede de sus competencias.

Pero cuatro vocales de los trece que componen el organismo arbitral discreparon de esa resolución y, en un voto particular, avisaron de que se ha producido un "incremento irregular" del censo electoral porque la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para aplicar la 'ley de nietos' abrió la puerta a la nacionalización a más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar.

Fuentes de Vox coinciden con los vocales discrepantes en que la JEC sí tiene competencias para actuar porque esas nacionalizaciones tienen incidencia en el censo electoral, una "alteración del censo electoral", que insisten en tildar de "cacicada", y por eso acuden ante el Supremo.

Además, Vox informa de que ha pedido este martes directamente al órgano de contratación que revise y anule los contratos del Gobierno con las empresas PALCO (Cuba) y NEORIS (con sede en Miami), contratadas para agilizar la tramitación de los expedientes de los solicitantes de la nacionalidad española.

MÁS ACCIONES CONTRA LA 'LEY DE NIETOS'

Las fuentes de Vox adelantan que llevarán a cabo más acciones para frenar la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos'. Hasta este momento, entre otras acciones, han pedido ante la Secretaría de Estado de Justicia impugnar la instrucción ministerial dictada en 2022 que amplía el acceso a la nacionalidad más allá de lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, al abrir la puerta a los descendientes de emigrados por motivos económicos y no sólo políticos.

Además, han reclamado auditar y suspender las inscripciones "masivas" en el CERA y que no se permita el voto por correo desde el extranjero "sin garantías de identidad y custodia"; y han puesto en marcha varias iniciativas a nivel parlamentario y en Bruselas.

Vox ha creado un grupo de trabajo integrado por la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís; el líder de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé; el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías; y el vicesecretario de Acción Política, Ignacio de Hoces.