Las Palmas de Gran Canaria, 20 abr (EFE).- Desde agosto de 2023, en torno a 1.500 menores llegados a Canarias han solicitado asilo, de los cuales cerca del 70 % proceden de Mali, el 22 % tenía menos de 16 años y el 9 % eran niñas, ha informado este lunes la responsable de la Unidad de Protección de Acnur España, Marta García.
Según los datos facilitados por García, las autoridades españolas han concedido protección internacional al 65 % de los 700 casos resueltos. Además, en 2025, las solicitudes de asilo de menores no acompañados ascendieron a 947, principalmente de niños y niñas de países de África occidental que llegaron a las distintas islas del archipiélago canario.
La responsable de Protección de Acnur ha expuesto estas cifras durante las jornadas 'Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades', celebradas en Casa África.
Representantes de Acnur, el Consejo Europeo de Refugiados, la Policía Nacional y organizaciones como CEAR y Oxfam han analizado las repercusiones para Canarias de la entrada en vigor, el próximo 12 de junio, de esta legislación.
García ha subrayado que el nuevo pacto es un marco normativo con un "índice de complejidad altísimo", aunque ha defendido que, bien aplicado y con un enfoque de derechos humanos, puede suponer un avance al permitir un sistema europeo de asilo común, en lugar de 27 modelos distintos.
Desde su perspectiva, uno de los elementos positivos del pacto es que prioriza la identificación temprana de vulnerabilidades, visibles y no visibles, desde la llegada de las personas migrantes, incluidos los menores.
La abogada especializada en infancia y migraciones, Patricia Hernández, ha recordado que los niños y niñas se encuentran en situación de regularidad administrativa, lo que determina, entre otras cuestiones, la inaplicabilidad de los procedimientos de retorno, salvo en el caso de los que llegan acompañados de sus familias.
Hernández ha destacado que, dentro de las garantías procedimentales que recoge el pacto de asilo europeo, figura la designación de un representante legal provisional desde el primer momento en que un menor manifiesta serlo o las autoridades detectan indicios de minoría de edad.
"Creo que esto es una buena noticia porque es algo en lo que en España estamos fallando", ha aseverado.
La abogada ha subrayado que este representante debe ser una persona física, sin conflicto de intereses, con formación específica en infancia, protección internacional y migraciones, así como capacidades en comunicación intercultural y psicología del testimonio, y ha advertido de que no puede asumir simultáneamente la tutela de más de 30 menores.
La jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Marie Trapet, ha indicado que la legislación de la Unión Europea no exige ninguna fórmula específica para realizar una solicitud de protección internacional y que puede ser tanto expresa como sutil.
También ha llamado la atención sobre la necesidad de reforzar la asistencia letrada y el asesoramiento jurídico gratuito desde las fases iniciales del procedimiento, así como de asegurar servicios adecuados de interpretación, un aspecto que, según Trapet, presenta carencias en Canarias. EFE
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