El acusado de agredir y abusar sexualmente de una menor en Pontevedra asegura que las relaciones fueron consentidas

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este jueves el juicio contra un joven acusado de agredir y abusar sexualmente de su expareja menor de edad. El acusado defendió su inocencia y afirmó que "nunca hubo ningún tipo de maltratos ni de violencia".

Asimismo, aseguró que todas las relaciones sexuales que mantuvo con su expareja fueron consentidas. "Mantuvimos relación sexual con consentimiento por ambos", aseveró.

Igualmente, negó con rotundidad haberla controlado o recriminado por su forma de vestir. Según declaró ante el tribunal, ambos mantenían una relación "normal" que era aceptada por la familia de la chica. Comenzó en septiembre de 2020 cuando ella tenía 15 años y finalizó en junio de 2021. Rompieron cuando él descubrió una infidelidad por parte de ella, según indicó en la Sala.

Además, el acusado sostuvo que varios amigos de la víctima le golpearon, unos hechos por los que presentó una denuncia en Comisaría a raíz de la cual la joven le amenazó con denunciarle si no la retiraba.

Por su parte, la joven describió, entre lágrimas, ante el tribunal dos episodios de agresión sexual. Uno de ellos en su propia habitación, donde el acusado habría entrado sin ser visto por el resto de la familia de la joven y explicó que ella intentó resistirse pero recibió un puñetazo en la cara y fue penetrada contra su voluntad.

La denunciante relató un segundo episodio en casa del acusado: "Comenzó a tocarme. A mí me dolía y yo le decía que parara, pero él no quiso parar".

Inicialmente, por el delito de agresión sexual, la Fiscalía solicita una pena de 10 años de cárcel, además de la prohibición de aproximarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que sea frecuentado por ella en un radio no inferior a 500 metros durante de 5 años, tras cumplir la pena de prisión impuesta. También pide que se le impongan 10 años de libertad vigilada a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Por el delito de abuso sexual, el representante del Ministerio Público pide siete años de cárcel y la prohibición de aproximarse a ella en un radio no inferior a 500 metros durante de 4 años, y 7 años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión impuesta.

Además reclama una indemnización de 8.000 euros para la víctima por los daños causados.

Por su parte, la defensa del acusado solicita su libre absolución.