Unos mil jueces y fiscales han impulsado una huelga contra la reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al considerar que suponen "un riesgo para la independencia de la Justicia": "La retirada de estas iniciativas es la única manera de evitarlo, y la huelga, la última defensa legítima a nuestro alcance".
Así se pronuncian en un manifiesto, difundido en la cuenta de 'X' @Huelga2025, que cuenta con "más de mil adhesiones en tres días", según apuntan fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
En el texto los firmantes exponen sus reticencias a dos reformas concretas: la que pretende cambiar el modelo de acceso a las carreras judicial y fiscal; y la que busca modificar la estructura de la Fiscalía con vistas al momento en el que las investigaciones penales pasen de mano de los jueces de instrucción a los fiscales.
"Como jueces y fiscales europeos nos corresponde denunciar el contenido de ambos textos y señalar que las reformas que introducen constituyen un grave retroceso en los valores de independencia judicial y separación de poderes, y que son contrarias al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución", señalan.
Así las cosas, aprovechan el escrito para pedir "a todos los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que deseen secundar una huelga, que apoyen este manifiesto". "Y ello para preservar la independencia judicial y la separación de poderes, sin las cuales no existe el Estado de Derecho", añaden.
En el marco del manifiesto, los firmantes denuncian que la reforma de acceso a ambas carreras "devalúa la formación de los jueces y fiscales". Según sostienen, "el poder político podrá influir en el perfil de quienes ingresen en la carrera judicial o fiscal, alterando progresivamente su composición, lo que perjudica seriamente la separación de poderes".
Acusan al Ejecutivo de querer controlar, a través del Centro de Estudios Jurídicos, la preparación de la oposición, "hasta ahora a cargo exclusivo de profesionales independientes". Reprochan también que se incluya ahora "un dictamen escrito" que podrá "admitir diversas respuestas válidas y será de evaluación subjetiva, con el peligro de filtraciones que lleva consigo, razones por las que se eliminó hace 20 años".
Asimismo, se pronuncian en contra de la "estabilización de jueces y fiscales sustitutos". "La reforma, con el pretexto de la temporalidad, abre una preocupante puerta de atrás a cualquier profesional del Derecho, haya ejercido o no como juez o fiscal sustituto, sin garantías objetivas de la capacitación técnica necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional ni de independencia en el proceso selectivo", agrega, para luego incidir en que ello supone "una preocupante diferencia de trato para jueces y fiscales con los sistemas ordinarios de acceso".
A su vez, acusan al Gobierno de pretender controlar las carreras judicial y fiscal, "ya controladas políticamente mediante nombramientos discrecionales", para que estén "politizadas en la base".
"LA SEPARACIÓN DE PODERES ESTÁ EN PELIGRO"
Sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consideran que "refuerza" el poder del fiscal general y "debilita" al Consejo Fiscal al reducir sus competencias. "Igualmente, disminuye las garantías profesionales de los fiscales en aspectos clave como la asignación de asuntos, el régimen disciplinario o las discrepancias", añade.
A su juicio, esta reforma "no garantiza la autonomía ni la independencia del Ministerio Fiscal, sin las cuales no puede cumplir sus funciones ni asumir la investigación criminal". Y advierten de que "sin garantías de independencia para los fiscales, la separación de poderes está en peligro real".
Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan que el grueso de los integrantes que han llamado a esta huelga son en su mayoría pertenecientes a las últimas promociones, aunque también se encuentran jueces y fiscales veteranos apoyando la iniciativa.
La misma ha surgido a raíz del movimiento y el intercambio de mensajes realizado en las últimas semanas --tras las reformas anunciadas--, cristalizando en el grupo llamado Unión de Fiscales y Jueces.
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