El PP lleva al Congreso una iniciativa sobre el Sáhara similar a otra de Bildu que ya tumbaron 'populares' y PSOE

El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados sobre la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental, de la que actualmente se encarga España, muy similar a otra que planteó el pasado febrero EH Bildu y que tumbaron en la Comisión de Asuntos Exteriores 'populares' y socialistas.

La iniciativa, cuyo debate está previsto este próximo jueves en esta misma comisión del Congreso, recuerda que, desde 1976, España gestiona a través de ENAIRE y por mandato de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) el espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental.

En su exposición de motivos, los de Alberto Núñez Feijóo admiten que a raíz del "cambio de posicionamiento unilateral del presidente del Gobierno respecto al Sáhara Occidental" y la nueva etapa en la relación que esto abrió con Marruecos hay "una profunda preocupación" en relación a la gestión del espacio aéreo.

"La opacidad y la falta de explicaciones sobre las negociaciones bilaterales han generado incertidumbre sobre la posibilidad de que España ceda la gestión de este espacio estratégico sin ofrecer garantías de seguridad ni beneficios para nuestro país", subrayan desde el PP, recordando que la hoja de ruta pactada entre los dos gobiernos el 7 de abril de 2022 contempla "la creación de un grupo de trabajo de cooperación aérea".

El PP afea que desde entonces el Gobierno no ha ofrecido información sobre las negociaciones y "ha evitado detallar si en estas conversaciones se abordó la posibilidad de transferir la gestión del espacio aéreo a Marruecos", según consta en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press.

RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO DE LA SOBERANÍA MARROQUÍ

En este sentido, los 'populares' advierten de que "cualquier cesión de competencias en su gestión aérea sin el respaldo de la OACI implicaría una violación flagrante del Derecho Internacional y equivaldría a un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el territorio".

Precisamente, este último argumento, el de que una cesión de la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental a Rabat equivaldría a un reconocimiento implícito de la marroquinidad de la antigua colonia española, fue uno de los empleados por Bildu en su exposición de motivos de la PNL que tumbó la Comisión de Exteriores el pasado 25 de febrero.

También las exigencias que el PP quiere que desde el Congreso se formulen al Gobierno respecto a esta cuestión son muy similares, apostando en ambos casos por que se mantenga informada a la Cámara Baja sobre las conversaciones y que cualquier cambio respecto a la gestión del espacio aéreo cuente con el aval parlamentario.

En concreto, la propuesta del PP reclama al Gobierno que informe al Congreso, "de manera inmediata, de los términos de las negociaciones con Marruecos sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental" y que garantice que "cualquier modificación" al respecto "sea sometida a debate parlamentario y cuente con el respaldo de los organismos internacionales competentes.

Por otra parte, piden al Ejecutivo que garantice "el mantenimiento de la gestión española del espacio aéreo del Sáhara Occidental, a través de ENAIRE y continuar ejerciendo esta labor bajo la supervisión de la OACI" y que solicite a este organismo que "ratifique que España debe seguir gestionando" dicho espacio aéreo, "en cumplimiento de su mandato y de la normativa internacional, impidiendo cualquier cesión de competencias que vulnere el marco legal vigente".

La PNL que presentó Bildu, y que el partido independentista optó por someter a votación por puntos para ver si así concitaba el respaldo a alguno de ellos --aunque todos fueron rechazados--, instaba a que el Gobierno siguiera manteniendo "el control exclusivo del espacio aéreo" sobre la antigua colonia "hasta que se resuelva el conflicto".

Asimismo, exigía al Ejecutivo que informara de "cualquier transferencia o modificación sobre el control" del mismo a Marruecos, "incluso bajo fórmulas de cogestión al Congreso de los Diputados" y que "cualquier cambio en el estatus actual" fuera "debatido y aprobado" por la Cámara Baja.