Madrid, 7 feb (EFE).- Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina se sientan desde el próximo martes en el banquillo, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en lo más duro de la pandemia de covid, embolsándose una comisión de 6 millones, con los que adquirieron bienes de lujo.
El procedimiento judicial sobre contratos de mascarillas más mediático hasta que surgió el denominado caso Koldo -una causa diferente por la que está investigado el exministro José Luis Ábalos- llega a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid cuatro años después de iniciarse las pesquisas.
En él, Luceño se enfrentará a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y otro agravado contra Hacienda; y Luis Medina, hijo de del duque de Feria y Naty Abascal, afrontará una solicitud de 9 años de prisión por los dos primeros delitos.
El Ministerio Público también pide para Luceño una multa de 5,6 millones de euros y que indemnice a la Agencia Tributaria con 1,3 millones, mientras que para Medina solicita 450.000 euros de multa.
Reclama que ambos indemnicen conjuntamente al Consistorio con 7,8 millones, cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento por la operación, entre otros conceptos.
El juicio comenzará cuatro años después de que la Fiscalía Anticorrupción empezase a investigar en noviembre de 2020 tres contratos firmados con el Consistorio por 11,9 millones de dólares (unos 11,6 millones de euros), para comprar mascarillas, guantes y test rápidos que Luceño consiguió a través de un empresario malasio, San Chin Choon.
Año y medio después, la Fiscalía presentó una querella ante los juzgados madrileños, que ponía de relieve cómo se adquirió el material -un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos y 2,5 millones de pares de guantes- que en parte no tenía la calidad exigida o era defectuoso, y cómo los investigados ocultaron que se embolsarían seis millones de euros en comisiones.
El juez del caso, Adolfo Carretero, acabó viendo indicios contra los acusados, quienes ante el magistrado negaron haber estafado a nadie: Luceño afirmó que su intención "era en parte ayudar al Ayuntamiento" y también cobrar por un trabajo, con una operación "limpia" en la que solo se llevó el 47 por ciento en comisiones, "un porcentaje normal".
Y el aristócrata Luis Medina explicó que cuando supo que Luceño podría traer material sanitario de China habló con una directora de su antigua universidad, quien le dio el contacto del primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Este familiar del alcalde le dio un correo y acabaron negociando con Elena Collado, la coordinadora de presupuestos y recursos humanos del Consistorio.
Medina confirmó que cobró un millón de euros frente a los más de cinco de Luceño, sin que fuese realmente engañado por su amigo, en contra de lo que había declarado un año antes ante el fiscal.
Con los millones ganados Luceño compró relojes, coches de lujo y una vivienda, mientras que Medina lo gastó en un velero llamado 'Feria' y en bonos, según la Fiscalía.
El juicio, que se retransmitirá en directo, se celebrará los días 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de febrero.
Además del ministerio público y la Abogacía del Estado, en el juicio acusarán el Ayuntamiento de Madrid, el grupo municipal socialista del Consistorio y el PSOE, el grupo municipal Más Madrid y Podemos.
El Ayuntamiento de Madrid pide para Luceño 11 años de cárcel y 600.000 euros de multa, y para Medina, 9 años y 450.000 euros, además de una indemnización a la Empresa de Servicios Funerarios de 7,9 millones de euros. EFE
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