El Congreso confirma a Ábalos que mantiene la previsión de votar hoy su suplicatorio y que rechaza posponerlo

La Presidencia del Congreso, que ocupa Francina Armengol, ha comunicado al exministro socialista José Luis Ábalos que no se va a retrasar la votación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigar su supuesta implicación en el 'caso Koldo', prevista para este mediodía en el Pleno del Congreso.

De esta forma, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, se rechaza la pretensión de Ábalos, que había solicitado retrasar esa votación hasta que el Tribunal Supremo resolviera su recurso de súplica y hasta que se reanudase el periodo ordinario de sesiones en la Cámara Baja, a partir de febrero.

Presidencia del Congreso ha tomado esa decisión tras consultar con los servicios jurídicos de la Cámara, que consideran que no ha lugar a los argumentos esgrimidos por el ahora diputado del Grupo Mixto para que se aplace la votación prevista en el orden del día Pleno extraordinario que la Cámara celebra este miércoles.

La Comisión del Estatuto del Diputado, por unanimidad, ya apoyó hace una semana conceder el suplicatorio, pero su dictamen debe ser aprobado en sesión plenaria.

Ábalos alegó que la Cámara no debía decidir sobre su fuero mientras el Tribunal Supremo tuviera pendiente de resolver su recurso de súplica que presentó contra la decisión del juez Leopoldo Puente de pedir autorización a la Cámara para poder investigarle por apreciar "indicios bastantes" de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos en el 'caso Koldo': integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

EL AUTO "NO ES FIRME"

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos subraya que el auto del juez "no es firme" en la medida que está recurrido y se queja de que el Congreso haya "ignorado" ese trámite pendiente, pese a que lo puso de manifiesto cuando compareció ante la comisión.

En segundo lugar recuerda que el artículo 13.3 del reglamento del Congreso remarca que, una vez que decide la Comisión del Estatuto de los Diputados, el suplicatorio debe votarse "en el primer Pleno Ordinario de la Cámara", o sea a partir de febrero, que es cuando se reanuda el periodo ordinario de sesiones.

Fuentes parlamentarias aseguraron que los servicios jurídicos de la Cámara interpretan que esa redacción busca no demorar la votación y, por tanto, no había inconveniente en incluir el suplicatorio en el Pleno extraordinario de este miércoles, sin esperar a febrero.

Pero Ábalos discrepa y considera que "dicha interpretación es más que expansiva" pues si el propósito del legislador fuera acelerar la votación, habría bastado con no añadir la etiqueta de "ordinario", y "si se explicita que éste deba ser ordinario es porque se excluye la posibilidad de que sea extraordinario".

Por último, subraya que el artículo 69 del Reglamento también dice que "ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, a todos los Diputados con derecho a participar en el Pleno, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe que haya de servir de base", y que la víspera, cuando presentó su escrito, él no había recibido el dictamen de la Comisión del Estatuto, pese a ser el principal afectado.

DEBATE Y VOTACIÓN EN SECRETO

Pero amparándose en las valoraciones de los letrados, la Presidencia del Congreso ha optado por mantener el debate y la votación previstas para este miércoles, un trámite que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia, y en el que el Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto tras le expediente de expulsión del PSOE, puede pedir la palabra para exponer sus alegaciones.

En la votación, los diputados tampoco están obligados a seguir consignas, ya que su voto es secreto, pero en todo caso, y a la vista de que todos los grupos apoyaron la concesión del suplicatorio en la comisión, se da por seguro que se aprobará por una amplia mayoría.

Y una vez que el Pleno celebre la votación, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dará traslado del acuerdo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.