La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este jueves un nuevo trabajo analizando el acuerdo entre PSC y ERC para una financiación singular para Cataluña, en el que pone en duda su constitucionalidad, cree que "da la espalda" a la discusión de fiscalidad internacional y rechaza que este cupo catalán avance hacia una "federalización".
Se trata de un nuevo estudio publicado en la serie dedicada a la financiación singular para Cataluña, en el que la economista Violeta Ruiz Almendral plantea el acuerdo PSC-ERC desde una perspectiva jurídica.
La principal conclusión de este estudio es que el acuerdo es "difícilmente compatible con las reglas del juego", haciendo alusión a que recupera ideas "ya declaradas inconstitucionales" en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional.
Asimismo, el estudio destaca que la financiación singular para Cataluña "parte de premisas no contrastadas", como la infrafinanciación crónica de esta comunidad o la visión de lo que implican los sistemas forales, "a los que parece querer acercarse sin mencionarlo".
NO ES FEDERAL
Del mismo modo, la economista se muestra recelosa con las afirmaciones de que el acuerdo avanza la federalización, negando la mayor porque, según expone, no es federal "si se examina con rigor la situación regal en estados con los que podríamos compararnos en algunos extremos, como Canadá y Alemania, que por ejemplo tienen mecanismos desarollados de solidaridad interterritorial".
A renglón seguido, la investigadora de Fedea advierte de que el acuerdo "da la espalda" a la transformación que ha supuesto la entrada de España a la Unión Europea y la propia evolución de la discusión de fiscalidad internacional, "donde se camina hacia un mayor y mejor intercambio de información en materia tributaria, no hacia la segmentación de los sistemas".
Al respecto, advierte de que "es particularmente llamativa" la propuesta de descentralización de la administración tributaria, "en un contexto en el que tanto las discusiones europeas como internacionales avalan la necesidad de contar con una administración tributaria única en todo el territorio nacional, participada por las administraciones autonómicas".
"Es urgente, por ejemplo, que se puedan compartir bases de datos en todas las administraciones sin excepción. En suma, más allá de la posible inconstitucionalidad, el Acuerdo de financiación singular se basa en un mundo que ya no existe", según la autora.
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