Madrid, 12 dic (EFE).- Un estudio publicado este jueves por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pone en duda que el nuevo sistema de financiación singular acordado por PSC, ERC y el Gobierno para Cataluña tenga encaje en la Constitución.
La autora del documento, Violeta Ruiz Almendral (Universidad Carlos III de Madrid) analiza el Acuerdo PSC-ERC desde una perspectiva jurídica y aborda los problemas que la propuesta plantea dentro del marco constitucional vigente y a la luz del Derecho de la Unión Europea.
Y concluye que, además de su posible inconstitucionalidad, "el Acuerdo de financiación singular se basa en un mundo que ya no existe" porque avanza hacia la fragmentación de la Agencia Tributaria, cuando el contexto internacional y europeo exige precisamente lo contrario.
El informe de Fedea examina las propuestas principales del Acuerdo, incluyendo la voluntad de avanzar hacia una llamada “hacienda federal”, la singularidad de la financiación territorial, el concepto del “cupo” catalán y la delimitación de la solidaridad en términos de ordinalidad y esfuerzo fiscal.
También las propuestas de cesión completa de los impuestos del sistema estatal y la descentralización de la gestión tributaria mediante la Agència Tributària de Catalunya (ATC).
La principal conclusión es que el Acuerdo es difícilmente compatible con las reglas del juego, en parte porque recupera ideas ya declaradas inconstitucionales en las Sentencias del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio; y 65/2020, de 18 de junio.
Adicionalmente, parte de premisas no contrastadas, como la infrafinanciación crónica de Cataluña o la visión de lo que implican los sistemas forales, a los que parece querer acercarse sin mencionarlo, señala Fedea.
El Acuerdo tampoco avanza hacia la federalización si se examina con rigor la situación real en estados con los que podríamos compararnos en algunos extremos, como Canadá y Alemania, que por ejemplo tienen mecanismos desarrollados de solidaridad interterritorial.
Además, da la espalda a la sustancial transformación que ha supuesto la entrada de España en la Unión Europea y la propia evolución de la discusión de fiscalidad internacional, donde se camina hacia un mayor y mejor intercambio de información en materia tributaria, no hacia la segmentación de los sistemas.
Es particularmente llamativa la propuesta de descentralización de la administración tributaria, en un contexto en el que tanto las discusiones europeas como internacionales avalan la necesidad de contar con una administración tributaria única en todo el territorio nacional, participada por las administraciones autonómicas.
En este sentido, el informe señala la importancia de que se puedan compartir bases de datos en todas las administraciones sin excepción. EFE
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