El Ministerio de Hacienda ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo sistema de financiación autonómica con el único respaldo de Cataluña y Canarias, un paso que permite al Gobierno activar la reforma pero no garantiza su entrada en vigor el 1 de enero de 2027, porque la norma aún necesita una mayoría absoluta en el Parlamento que hoy no tiene: el modelo de financiación autonómica se regula mediante una ley orgánica y exige mayoría absoluta, un umbral que el Gobierno de Pedro Sánchez no reúne en estos momentos por el rechazo ya anunciado de PP, Vox y Junts.
La propuesta ha salido adelante pese al rechazo de todas las comunidades gobernadas por el PP, con la ausencia de la Comunidad de Madrid —ya advirtió Isabel Díaz Ayuso que no iban a ir— y lo llamativo es que también han votado en contra dos comunidades lideradas por el PSOE en contra, Castilla-La Mancha y Asturias. Si ha podido salir adelante, es porque el Ejecutivo solo necesitaba un apoyo autonómico porque ya contaba con el 50% de los votos como Gobierno.
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La reunión, que había sido aplazada, se ha desarrollado sin sorpresas. El Gobierno sigue adelante con una reforma defendida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, que ya tenía asegurado el voto favorable de Cataluña porque la modificación del sistema formaba parte del pacto entre el PSOE y ERC y contaba con el apoyo de la Generalitat de Salvador Illa. Canarias se sumó después de pactar una mejora de financiación específica. Con ese segundo respaldo, el Gobierno logró aprobar un texto que, siempre de acuerdo con el medio, ha sido rechazado por el 90% de los gobiernos autonómicos.
El no de Castilla-La Mancha
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha explicado la negativa de su región. “No garantiza nuestros servicios públicos y tampoco garantiza la igualdad entre todos los españoles”, ha explicado.
Durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE en Toledo, recogida por Europa Press, la parlamentaria ha sostenido que Castilla-La Mancha necesita un modelo de financiación justo, que tenga en cuenta la dispersión geográfica de su población. Esa característica territorial, precisó, encarece la prestación de servicios, así como la dotación de personal e infraestructuras en los municipios más pequeños de la comunidad.
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Cataluña celebra la reforma de la financiación
La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha celebrado que el Ministerio haya puesto sobre la mesa una “ventana de oportunidad” porque, en sus palabras, “ganan todas las comunidades”. Romero ha defendido que se trata de “un modelo más justo y más igualitario” y cifró su impacto en más de 21.000 millones de euros para el sistema. Además, ha asegurado que para Cataluña supondrá casi 4.700 millones con destino a servicios públicos, sanidad, educación y políticas sociales.
La consellera se declara “satisfecha” de que la reforma pueda comenzar su tramitación y de que llegue al Congreso en las próximas semanas. Ese calendario coincide con la intención del ministro, que pretende llevarla al Consejo de Ministros “cuanto antes” para iniciar el recorrido parlamentario antes de final de año.
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