El 40% de los vehículos celulares de la Guardia Civil carecen de cinturones de seguridad para los presos y detenidos que trasladan, un porcentaje que se eleva hasta el 76% en los vehículos grandes, microbuses y autobuses, a lo que se le suma que la flota está cada vez más envejecida, con una media de 11 años, según datos oficiales obtenidos por la Comisión de SEPROSE de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
“En dichos vehículos, los internos de centros penitenciarios y los detenidos viajan en asientos rudimentarios orientados lateralmente y sin cinturones de seguridad, por lo que en caso de accidente, o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, corre grave riesgo su integridad física e incluso su vida, sobre todo teniendo en cuenta que esos vehículos de la Guardia Civil que carecen de cinturones de seguridad han recorrido en 2025 más de un millón de kilómetros”, denuncian desde la Asociación.
Sin embargo, este problema no se queda ahí, ya que mucho de los vehículos que sí disponen de estos cinturones los “tienen averiados y no pueden utilizarse. En otros celulares ”son los sistemas de videovigilancia los que no funcionan".
“Desde que en 2015 una orden ministerial de Interior estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben reunir este tipo de vehículos, han pasado ya más de diez años y la renovación de esa flota está eternizándose, lo cual se agrava teniendo en cuenta que en algunas unidades se están utilizando más los vehículos sin cinturón de seguridad que los nuevos”, explican.
Una media de antigüedad superior a los 11 años
Estos datos recogen que la Guardia Civil cuenta en este momento con 447 vehículos celulares, de los cuales 365 son los denominados “furgones”, con cuatro o cinco plazas para presos o detenidos, mientras que 82 son microbuses y autobuses.
Desde 2020 se ha ido reduciendo drásticamente la adquisición de vehículos celulares para la Guardia Civil, “hasta llegar al punto en que durante 2025 no se ha comprado ninguno, mientras que se han adquirido 32 vehículos de ese tipo para la Policía Nacional, con el resultado de que la flota de celulares de la Guardia Civil se ha reducido un 3,2% en el último año, al haber dado de baja quince de dichos vehículos, diez furgones y cinco autobuses”.
Esta falta de renovación hace que estos vehículos sean cada vez más antiguos. Según el informe de la AUGC, acumulan una media superior a los 11 años de antigüedad, “disparándose hasta los 17 años en los vehículos tipo autobús”. “De hecho, la mitad de la flota tiene más de diez años –el 77% de los vehículos más grandes–, mientras que un tercio superan los quince años –el 68% de los autobuses–, e incluso el 18% acumulan más de veinte años –el 29% de los vehículos tipo autobús–, llegando varios de ellos a los 27 y 28 años", añaden.
“Buena prueba de que la situación ha empeorado considerablemente durante el último año es que, a pesar de haber retirado los vehículos más viejos, la antigüedad media de la flota ha pasado de 9 años en 2024 a más de 11 años en 2025. De hecho, la antigüedad de los furgones ha evolucionado de 7 años en 2024 a más de 10 en 2025, mientras que la de los autobuses ha pasado de 16 a 17 años en ese mismo período”, explican.
Esto también supone que el 38% de esos vehículos celulares tienen más de 200.000 kilómetros, el 21% superan los 300.000, el 12% están por encima de los 400.000 y el 6% acumulan más de 500.000. Datos que son “aún peores” para los vehículos tipo autobús: el 47% tienen más de 200.000 kilómetros, el 33% superan 300.000, el 27% están por encima de los 400.000 y el 20% acumulan más de 500.000.
“Estos datos ponen de manifiesto la escasa preocupación que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil muestran por quienes se encargan de las conducciones, así como por la seguridad de las personas presas y detenidas que son trasladadas en dichos vehículos”, denuncian.
La postura del Defensor del Pueblo
De esta manera, la AUGC “ha trasladado ya esta situación a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Defensor del Pueblo, a los grupos parlamentarios, y a Amnistía Internacional. Y aunque la mayoría de esos interlocutores han mostrado interés en la problemática planteada, lo cierto es que son muy escasas y poco relevantes las medidas adoptadas al respecto”.
Ante ello, destacan que ya el Defensor del Pueblo ha avisado de este problema al exponer en sus informes anuales a través de su Mecanismo Nacional de Prevención que “mantenemos el criterio, en coincidencia con el del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, de que se utilicen únicamente aquellos vehículos que cuenten con sistemas de retención que garanticen la seguridad en estas labores de traslado”.