La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece que España debería dedicar el 1% del PIB a la financiación pública universitaria en 2030. Sin embargo, los datos más recientes muestran que este objetivo aún está lejos. Según el Informe CYD 2025, en 2022 la inversión pública alcanzó solo el 0,75% del PIB.
Esta brecha no solo retrasa la meta legal, sino que recae directamente sobre las casas españolas. Es decir, las familias cubren un 31,8% del coste total de la educación superior, un esfuerzo de un 63% superior al de la media europea, donde los hogares aportan el 19,5%. “Mientras el objetivo legal sigue sin cumplirse, las familias continúan pagando la diferencia”, señala el informe.
El informe también revela que el gasto total por estudiante en España fue de 17.083 euros en 2022, “un 19,5% por debajo del promedio de la OCDE y un 14,5% por debajo de la media de la Unión Europea”. La financiación pública representa apenas el 65,9% del gasto total, frente al 75,8% de la UE, lo que obliga a que los estudiantes y sus familias cubran la diferencia.
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A pesar de que el gasto público ha aumentado en los últimos años, del 0,69% del PIB en 2015 al 0,75% en 2022, los presupuestos liquidados en 2023 siguen un 10% por debajo de los niveles de 2009, antes de la crisis financiera, una vez descontada la inflación. “El cumplimiento de dedicar el 1% del PIB a la financiación pública universitaria en 2030 exige planificación, consenso y mecanismos efectivos de seguimiento”, advierte Montse Álvarez, autora del informe.
Diferencias según la comunidad autónoma
La financiación universitaria depende en gran medida de las comunidades autónomas, lo que genera desigualdades significativas. Más del 80% de las transferencias que reciben las universidades provienen de los gobiernos regionales. Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana superan los 10.000 euros por estudiante, mientras que Madrid registra apenas 6.975 euros por alumno.
Estas diferencias también se reflejan en las tasas universitarias. En Galicia, la recaudación por alumno es de 1.061 euros, mientras que en Madrid alcanza los 2.052 euros. En términos relativos al PIB per cápita, el esfuerzo familiar supera el 6% en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria, y no llega al 4% en País Vasco, Baleares y Galicia.
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Un sistema fragmentado que necesita coherencia
El Informe CYD 2025 subraya que la dependencia de las universidades de la financiación autonómica dificulta una estrategia común y estable. Para Álvarez, la solución pasa por algo más que dinero: “El esfuerzo en inversión debe acompañarse de un nuevo modelo de financiación más estable, diversificado y orientado a resultados, que combine una mayor inversión pública con una colaboración estratégica del sector privado. Parte de los recursos debería vincularse a objetivos verificables (en investigación, transferencia de conocimiento o inserción laboral de los egresados) reforzando al mismo tiempo la gobernanza y la transparencia en la gestión de los fondos”.
El informe concluye que solo mediante un marco de financiación suficiente, equitativo y eficiente podrá consolidarse una universidad pública competitiva e inclusiva, capaz de formar talento, generar conocimiento y actuar como motor de desarrollo económico sostenible.