La mitad de la Bolsa española está en manos de inversores internacionales, un porcentaje muy superior al de las familias, cuya participación ha caído hasta el 15,8%, su nivel más bajo en 32 años, mientras que la del sector público se ha elevado hasta su nivel más alto en 27 años, según datos del Informe de Propiedad de las Acciones publicado por el Servicio de Estudios de BME con datos de cierre de 2024.
La participación de los extranjeros en la Bolsa española se sitúa en el 48,7%, tres décimas menos que un año antes, y dentro del grupo de los inversores foráneos destacan los institucionales. Según los datos de FactSet, al cierre del primer trimestre de 2025, un total de 8.634 fondos privados participaban en el Ibex 35, con un valor de mercado de 207.300 millones de euros. De ellos, el 70,7% del total de fondos y el 48,7% de la capitalización es de fondos europeos, mientras que los norteamericanos suponen el 25% del total y el 46,9% de la capitalización.
En cuanto a las gestoras, hay 72 con más de 500 millones de euros de participación en el selectivo español y, de ellas, once poseen en sus carteras acciones de todas las compañías del Ibex 35. Entre ellas destacan BlackRock, con 32.395 millones de euros;, Vanguard, con 22.989 millones, y Capital Group, con 14.393 millones.
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Niveles superiores al 50%
El nivel de propiedad de los inversores extranjeros del 50% se sobrepasó por primera vez en 2019 y posteriormente en 2022. En casi un cuarto de siglo los inversores foráneos han aumentado cerca de 15 puntos su peso en la Bolsa española, desde el 34,3% de 1999 al 48,7% de 2024.
Una de las causas de este incremento se ha debido a que “la internacionalización de la actividad de un contingente importante de compañías españolas ha sido una constante desde la década de los 90 del siglo pasado”, señala el informe. Incide en que, “en paralelo, la propiedad y la financiación de esas mismas empresas también se ha diversificado de la mano de los inversores internacionales y de un mercado bursátil español que ha satisfecho ampliamente los requerimientos de los inversores más exigentes en términos de tecnología, accesibilidad, eficacia y transparencia”.
El estudio de BME también demuestra que cotizar en Bolsa “atrae la inversión extranjera”. Ello hace que el peso del capital internacional en las compañías cotizadas casi duplica al de las no cotizadas: 48,7% frente al 25%, según los datos de las Cuentas Financieras del Banco de España. En las últimas dos décadas, el porcentaje de la propiedad foránea de las cotizadas ha crecido 11,6 puntos porcentuales, frente a los apenas 2,7 puntos porcentuales de las no cotizadas.
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Las familias se van de la bolsa
El peso de las familias en las cotizadas españolas disminuye frente al que tienen los inversores extranjeros. Así, la participación de las familias en la propiedad de las acciones ha caído hasta el 15,8%, su nivel más bajo en 32 años.
Este dato contrasta con los niveles alcanzados a finales del pasado siglo, cuando los inversores minoristas participaron ampliamente en las grandes privatizaciones de empresas públicas y su peso en la Bolsa española llegó a superar el 35%.
“La elevada presencia de inversores individuales o familias ha sido históricamente uno de los rasgos diferenciales de la Bolsa española y se llegaron a alcanzar máximos del 35,1% en 1998, el punto culminante de las grandes privatizaciones de empresas públicas. Al cierre del año 2024 se encuentra por debajo de la mitad de esa cifra”, recoge el estudio.
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Ante este escenario, el informe de BME destaca “la importancia de impulsar la presencia de inversores minoristas en la Bolsa”, como persigue la iniciativa europea Saving and Investment Union (SIU), y comparten también estudios como el informe de la OCDE sobre los mercados de capitales en España o el Libro Blanco de BME.
El Estado aumenta posiciones en empresas estratégicas
Una senda contraria a las familias ha emprendido el sector público, cuya participación en la Bolsa española marca máximos de los últimos 27 años y llega gasta el 4,1%, ocho décimas más que el año anterior.
Esto se explica porque, a través de entidades como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enaire y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Estado mantiene posiciones estratégicas en compañías clave como Aena, CaixaBank, Indra, Enagás, Redeia y Telefónica, en la que el Estado entró con el 10% del capital.
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Completan la estructura de la propiedad de las acciones españolas las empresas no financieras, con un 21,6%, tres décimas menos que el año anterior; las instituciones de inversión colectiva, con un 5,8%, una décima menos, y los bancos, con un 4%, cinco décimas más.