La deuda de las comunidades autónomas se ha multiplicado por más de tres en las últimas dos décadas, al pasar de 61.366 millones de euros en 2003 a 317.000 millones en 2023. Así lo recoge un informe elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y que alerta sobre el creciente endeudamiento autonómico y los riesgos que este representa para la estabilidad financiera del Estado. De todas las regiones, la Comunidad Valenciana destaca por haber incrementado su deuda en un 40%, situándose como la autonomía con mayor ratio deuda/PIB de toda España.
Según el estudio, desde la entrada en vigor del modelo de financiación autonómica en 2002, las comunidades han experimentado una creciente autonomía financiera, lo que ha implicado también un aumento progresivo de su deuda. En términos de volumen, Cataluña encabeza el ranking con una deuda acumulada de 86.800 millones de euros, seguida por la Comunidad Valenciana (57.000 millones), Andalucía (38.400 millones) y Madrid (35.700 millones).
Sin embargo, al analizar la ratio deuda/PIB —un indicador que permite comparar el peso de la deuda respecto a la economía regional— la Comunidad Valenciana se sitúa en primera posición con un 42,2%, seguida de Castilla-La Mancha (31,6%), Cataluña (31,2%) y Murcia (30,9%). En contraste, las comunidades con menor endeudamiento relativo son Madrid (13,5%), País Vasco (14,6%), Canarias (13,9%) y Navarra (15,4%).
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha destacado en su informe anual sobre las cuentas autonómicas que el déficit de las comunidades autónomas en España experimentó una reducción significativa en 2024, alcanzando prácticamente el objetivo de estabilidad presupuestaria del 0,1 %. Según el documento, basado en datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) , el déficit autonómico se situó en el 0,12 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una mejora notable frente al 0,92 % registrado en 2023.
La Comunidad Valenciana: déficit crónico y falta de financiación
El informe subraya que el caso de la Comunidad Valenciana es particularmente preocupante. Con un crecimiento del 40% en su deuda en la última década, la región presenta una estructura presupuestaria marcada por un déficit estructural persistente, originado en parte por un modelo de financiación considerado insuficiente por sucesivos gobiernos autonómicos.
“Durante años, la Comunidad Valenciana ha tenido que recurrir al endeudamiento para cubrir necesidades básicas de gasto, como educación, sanidad o servicios sociales, ante la falta de recursos suficientes procedentes del sistema de financiación actual”, señala el documento.
“Durante años, la Comunidad Valenciana ha tenido que recurrir al endeudamiento para cubrir necesidades básicas de gasto, como educación, sanidad o servicios sociales”
Además, la Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los principales beneficiarios del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo de apoyo estatal creado tras la crisis financiera de 2008 para garantizar la solvencia de las comunidades. Según el informe, más del 50% de la deuda de esta región proviene de este instrumento.
Impacto de la crisis financiera y la pandemia
La trayectoria de la deuda autonómica ha estado marcada por dos grandes hitos: la crisis económica de 2008 y la pandemia de la COVID-19 en 2020. Ambos eventos provocaron un incremento abrupto del endeudamiento regional debido a la caída de ingresos y el aumento del gasto público.
Entre 2008 y 2014, la deuda total de las comunidades pasó de 73.000 a más de 236.000 millones de euros, coincidiendo con los años de mayor dureza de la recesión. Posteriormente, el crecimiento se moderó, aunque nunca llegó a revertirse. La irrupción de la pandemia volvió a disparar las cifras en 2020, aunque con menor intensidad que en la década anterior.
Diferencias territoriales y modelos de gestión
El informe también destaca las diferencias en la gestión financiera entre comunidades. Mientras algunas regiones, como Madrid o el País Vasco, han logrado contener su deuda a través de una mayor disciplina presupuestaria y un mayor volumen de ingresos fiscales, otras han tenido que recurrir de forma recurrente a mecanismos extraordinarios de financiación.
En este sentido, el director Ejecutivo de Fedea apunta a la necesidad de revisar el actual modelo de financiación autonómica, cuya última reforma data de 2009. “La falta de actualización del sistema ha generado desequilibrios entre comunidades, dificultando que todas ellas puedan financiar en condiciones de equidad los servicios públicos fundamentales”, concluye el informe.
“La falta de actualización del sistema ha generado desequilibrios entre comunidades”
El documento advierte que, aunque la ratio deuda/PIB se ha reducido ligeramente en los dos últimos años —debido principalmente al crecimiento del PIB nominal tras la pandemia—, el volumen absoluto de deuda sigue siendo elevado y constituye una amenaza para la sostenibilidad financiera de las comunidades a medio y largo plazo.
Entre las recomendaciones planteadas, los economistas proponen reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, avanzar en la reforma del sistema de financiación y limitar el uso de mecanismos extraordinarios como el FLA. También reclaman una mayor coordinación entre administraciones para garantizar la estabilidad presupuestaria del conjunto del Estado.