La organización ambientalista WWF ha enviado este martes una carta a las Comunidades Autónomas con poblaciones de lobo al norte del río Duero para advertirles de que “matar lobos es ilegal mientras la especie se encuentre en un estado de conservación desfavorable a nivel nacional”, tal y como establece la jurisprudencia de los tribunales nacionales y europeos. Por ello, la organización asegura que llevará ante la justicia “cualquier plan que incluya cupos de caza o captura de ejemplares”, una estrategia que, además, “se ha demostrado inútil para reducir los ataques a la ganadería”, sostienen.
“Matar lobos no solo es ilegal e incompatible con la recuperación de la especie, sino que también es una estrategia inútil para reducir los ataques al ganado”, señala Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. Lejos de lo que afirman algunas administraciones, añade el experto, la población de lobos en España “no ha crecido exponencialmente” y su recuperación se ha estancado en la última década, por lo que su futuro “sigue sin estar asegurado”.
WWF ha enviado esta misiva a las autonomías después de que el pasado jueves el pleno del Congreso aprobó eliminar la protección especial de las poblaciones de lobo al norte del Duero, lo que permitirá su caza. Tras esa decisión, que también abre la puerta a que la protección de este animal pueda rebajarse en el resto de territorios, comunidades como Cantabria y Asturias, donde se concentra buena parte de las manadas de lobos ibéricos, “han anunciado su intención de aprobar planes que incluyen la matanza de hasta el 20% de sus poblaciones”, critica WWF.
Pero estas acciones, denuncia la organización, “incumplen la normativa europea”, ya que aunque la especie “no esté estrictamente protegida”, eso no exime a las autonomías de su “obligación de mantener las poblaciones de lobo en un estado de conservación favorable”, algo que, aseguran, “no está sucediendo en España, tal y como han determinado los tribunales en reiteradas ocasiones”.
De hecho, WWF recuerda que en julio de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el plan de Castilla y León que permitía la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022 al norte del río Duero, una sentencia que estableció que ”el lobo no puede ser declarado como especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable". Y, según el último informe poblacional remitido por España a la Unión Europea en 2019, las poblaciones de lobo se encuentran en un estado “desfavorable-inadecuado”, lo que obliga a tomar medidas adicionales para asegurar su viabilidad futura, sostiene la organización.
Asegurar la expansión del lobo
WWF recuerda que, para llevar a la población ibérica del lobo a un estado de conservación favorable, las administraciones regionales deben asegurar tanto la expansión a otros territorios como el crecimiento en su propio ámbito geográfico.
Asimismo, la organización ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que "recurra los planes autonómicos de gestión del lobo que no se ajusten a la legislación europea, que estudie la posible inconstitucionalidad de las enmiendas aprobadas en el Congreso la semana pasada y que inicie de oficio el procedimiento para volver a incluir al lobo en el LESPRE", en línea con las recomendaciones científicas.