El problema de acceso a la vivienda está provocando tensiones en amplios grupos poblacionales en nuestro país. La subida del precio de los alquileres y las hipotecas ocasiona que muchas personas se encuentren con la imposibilidad de encontrar un alojamiento por el que no tengan que pagar gran parte de su salario, especialmente en las grandes ciudades. Además, se producen situaciones en las que los inquilinos, tras finalizar un contrato de arrendamiento, se encuentran con un aumento en el precio del alquiler si quieren renovar el acuerdo.
Sin embargo, la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establecen una serie de límites y condiciones para que estas subidas se hagan dentro de unos márgenes legales, con el objetivo de proteger los derechos de los inquilinos. Este tipo de situaciones lleva muchas veces a disputas entre los inquilinos y los propietarios, según explica el experto en vivienda Sergio Gutiérrez, cofundador de la agencia inmobiliaria Excellence Real Estate Circle, por lo que es importante conocer cuáles son estos límites.
Zonas tensionadas
“Si no estás en zona tensionada y acaba un contrato de alquiler, el propietario puede hacer un contrato nuevo por el precio que quiera, pero, si lo que hace es renovar con el mismo inquilino, tiene las limitaciones por el IPC”, explica Sergio en uno de sus vídeos de TikTok (@sergioexcellencecircle). Las zonas tensionadas son aquellas áreas geográficas en las que existe una alta demanda de vivienda, en comparación con la oferta disponible. Esto supone generalmente un aumento de los precios, dificultando el acceso a viviendas asequibles y provocando tensiones sociales, especialmente entre las personas con menos recursos económicos.
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Según explica el agente inmobiliario, cuando termina un contrato de arrendamiento, si se quiere renovar con el mismo inquilino, el precio del alquiler no puede superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC); si se realiza un nuevo contrato, la cifra no cuenta con esa limitación. “En cambio, si está en zona tensionada, el propietario nunca va a poder subir el precio por encima del IPC, ya sea renovación o nuevo contrato”. Esta medida persigue el objetivo de evitar abusos por parte de los propietarios, especialmente en contextos de alta demanda y escasez de viviendas.
Disputas entre propietarios e inquilinos
Cuando se producen estas situaciones, Sergio Gutiérrez explica que pueden darse casos que perjudican a ambas partes: “Los propietarios avisan al inquilino de una subida alta de precio y les dicen que en vez de renovar les hacen un contrato nuevo. Si no aceptan, no les renuevan. ¿Qué hace entonces el inquilino? Le dice que acepta la subida del precio renovando por tres años y luego le reclama porque no podía subirle tanto”.
Los expertos señalan que, si el casero intenta subir el alquiler por encima del límite permitido, el inquilino tiene el derecho de negarse a aceptar el incremento y, además, puede consultar a un abogado o acudir a organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos que le asesoren sobre estas situaciones.
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Si en la renovación de un arrendamiento se producen este tipo de abusos por parte de los propietarios, esto podría derivar en reclamaciones del inquilino, que podrían conseguir la revocación del aumento, la anulación del contrato en ciertos casos o la devolución de las cantidades cobradas de más. Además, el arrendador podría enfrentar sanciones económicas impuestas por las autoridades de vivienda.