La revalorización de las pensiones para 2025 ya está confirmada. El cálculo del incremento se basa en el encarecimiento de la vida —o dicho de una manera más técnica, en la inflación—, es decir, en el aumento medio del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Y si el dato provisional revelado hace un par de semanas apuntaba a un aumento de las pensiones del 2,8% para el año que viene, la cifra definitiva lo ha confirmado.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha certificado que el IPC de noviembre se situó en un 2,4%, por lo que la media anual se establece en el 2,8%, un dato que determina que las pensiones contributivas se incrementen entre 500 y 600 euros anuales, dependiendo del tipo de pensión. Este ajuste beneficiará a los 9,3 millones de personas que perciben 10,3 millones de prestaciones contributivas. Asimismo, las 720.000 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán en el mismo porcentaje.
El coste de esta medida supondrá para la Seguridad Social un desembolso adicional de más de 5.000 millones de euros anuales. Este cálculo excluye las subidas específicas destinadas a las pensiones mínimas y no contributivas, que también experimentarán incrementos significativos. Por ejemplo, una pensión media de jubilación, actualmente de 1.441 euros mensuales, aumentará a 1.481,35 euros, lo que implica una subida anual de 564,87 euros.
Qué pensiones subirán un 2,8%
El porcentaje del 2,8% aplica a todas las pensiones contributivas, que son las prestaciones económicas cuya concesión está supeditada, por lo general, “a que el beneficiario haya tenido una relación jurídica previa con la Seguridad Social y cumpla una serie de requisitos en función del tipo de pensión”, según explica la propia administración pública. Es decir, las pensiones contributivas se entregan a las personas que hayan cotizado a la Seguridad Social un determinado número de tiempo.
El Régimen General y los Regímenes Especiales contemplan tres clases amplias de pensiones contributivas: de jubilación, por incapacidad permanente y de viudedad.
Sin embargo, además de las pensiones contributivas, existen las no contributivas y las complementarias. Las primeras se otorgan a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, pero que, debido a su edad avanzada o a una situación de discapacidad severa, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Y las segundas son las prestaciones adicionales que se conceden a ciertos colectivos como parte de acuerdos laborales o a través de planes de pensiones privados.
El 2,8 % es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en el último bloque de la reforma de las pensiones.
Así, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC con ese 2,8%, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente, hasta alcanzar el 75% del umbral de riesgo de pobreza, calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal. El Gobierno ha prometido converger en 2027 las pensiones no contributivas con ese 75% del umbral, que supondrían casi 8.300 euros anuales o 592 euros mensuales.