El Sindicato de Inquilinas considera que el Gobierno “llega otra vez tarde” tras la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de abrir una investigación a varias inmobiliarias y empresas que gestionan el alquiler de viviendas por sospechar de que han obligado a los inquilinos a pagar comisiones por la gestión del arrendamiento o a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada.
Acusa al Ejecutivo y a las administraciones en permitir que el sector inmobiliario actúe de forma impune: “Hace diez años que el sector inmobiliario es una jungla que opera con total impunidad y ni las administraciones públicas ni los gobiernos han puesto solución a este problema”, asegura una portavoz del Sindicat de Llogateres a Infobae España.
Considera que desde hace muchos años no ha habido “ningún tipo de intención por parte de la administración pública ni de los gobiernos de perseguir realmente a quienes están cometiendo fraudes e ilegalidades respecto al alquiler y no solo hablamos en términos de honorarios o gestión inmobiliaria, sino en todos los sentidos. Los abusos inmobiliarios y los delitos son sistemáticos”.
La portavoz reconoce que, a pesar de los cambios legislativos introducidos con la Ley de Vivienda aprobada el año pasado, sigue habiendo una total impunidad. “Estamos hablando de agentes que operan profesionalmente en la gestión de viviendas, en la gestión inmobiliaria que deben de operar desde el minuto cero según los marcos legales, pero no lo hacen”.
Multas entre 100.000 euros y un millón
En cumplimiento de sus funciones, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha iniciado una investigación tras constatar que varias empresas de gestión del alquiler de viviendas que operan en todo el Estado habrían cometido prácticas abusivas contra consumidores en la gestión del alquiler, trasladando a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, lo que prohíbe la ley, al igual que la firma de contratos temporales en los que la temporalidad no esté justificada.
También ha recordado a las empresas que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley de arrendamientos urbanos, una normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos.
Esta advertencia del ministerio “se queda corta” para el Sindicato de Inquilinas, ya que “es como si ahora el Ministerio de Sanidad informa a los médicos que no pueden recetar Prozac a la gente que tenga un dolor de garganta. Estamos hablando de agentes que operan profesionalmente en la gestión de viviendas, en la gestión inmobiliaria y, por lo tanto, deben operar desde el minuto cero según los marcos legales”.
Consumo también ha informado a las empresas que las que comentan mala praxis pueden ser sancionadas con multas de entre 100.000 y un millón de euros. Ante ello, la portavoz del sindicato considera que “es vergonzoso que hayamos tenido que esperar al año 2024 a que las administraciones o los gobiernos empiecen a sancionar, lo que demuestra una falta responsabilidad y no sabemos si es porque son unos incompetentes o directamente porque trabajan de la mano de la patronal inmobiliaria”.
Ante esta “dejadez de funciones” los inquilinos “ya no confían en las administraciones públicas, ya no tienen confianza en el Estado porque ven que son organismos que trabajan de la mano de esta patronal inmobiliaria”, incide la portavoz.
Minoría incumplidora
Por su parte, José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, defiende al sector y aunque reconoce que determinadas empresas están incumpliendo la ley, afirma que “en ningún caso es un incumplimiento generalizado”. “Existe una minoría conocedora de la ley que no la está cumpliendo, pero ello no debe llevar a la generalización, ni a aseverar injustamente que las agencias inmobiliarias siguen cobrando comisiones indebidamente”.
Desde la federación piden mano dura ante las malas prácticas premeditadas: “Tolerancia cero por parte del sector, como venimos diciendo desde siempre”. Alfaro señala que los atajos no sirven y que la ley hay que cumplirla “pese a que consideremos que es una ley que no está solucionando el grave problema del alquiler, más bien está siendo contraproducente, ya que perjudica a quién pretende ayudar: al inquilino.
En cuanto al porcentaje de inmobiliarias que se salta la legislación, Alfaro señala que es muy difícil saberlo, “nuestra federación tiene 1.200 agencias asociadas, pero en España existen entre 25.000 y 30.000 empresas del sector. Nosotros solo podemos responder por nuestros asociados, pero nos consta que la mayoría del resto de agencias cumple la ley”.
Apoya la investigación que ha iniciado el ministerio y considera que eso es “lo que tiene que hacer, ejercer sus facultades para que se cumpla la normativa de consumo y dotar de recursos necesarios para que se cumpla la legislación en materia inmobiliaria”.