Carles Puigdemont anunció este sábado que su vuelta a España está al caer. “En muy pocos días” escribió en una carta de tres páginas publicada en Twitter, asegurando que “sé que mi retorno puede comportar la detención e ingreso en prisión, quién sabe por cuánto tiempo”. Es un movimiento político ante el acuerdo que ERC y el PSOE acaban de anunciar para que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat, aunque Puigdemont afirmó que no tiene intención de ser usado como “objeto de negociación” ni que su eventual encarcelamiento sirva para “abonar ninguna decisión política que comporte renunciar a la lucha” por la independencia de Cataluña.
En caso de ser detenido, añadió en la carta, será “la evidencia de que en España las amnistías no amnistían, hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y el Gobierno español se lo mira con la indolencia del resignado”. “Quien crea que esto no tendrá consecuencias, se equivoca. Verme encarcelado ha sido el sueño frustrado de los perseguidores españoles durante siete años. Para hacerlo deberán violar muchas cosas”, prosiguió, antes de resolver que esta “actitud antidemocrática y antiliberal de los aparatos del Estado no es intrascendente” para la causa de la independencia.
La decisión del Tribunal Supremo
La razón por la que Puigdemont asegura que será detenido al llegar a España es que, en julio, el juez Llarena del Tribunal Supremo rechazó aplicar la ley de amnistía a su caso, señalando que en esa norma no está incluido el delito de malversación del que se le acusa debido al ‘procés’, el desafío independentista catalán de 2017, y por el que se encuentra huido de la justicia desde entonces.
De esta manera, el magistrado descartó que este delito fuera amnistiable, por lo que por el momento se mantiene la orden de detención contra él y contra Antoni Comín y Lluís Puig, y no se archiva la ejecutoria que inhabilita hasta los años 2030 y 2031 a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
El Alto Tribunal dio dos razones para denegar la amnistía a este delito: por un lado, cree que Puigdemont se benefició personalmente del ‘procés’, no con dinero, pero sí con el referéndum; y por otro lado, señala que esta consulta afectó a los intereses de la Unión Europea, porque de haberse llevado a cabo la independencia, hubiese afectado a la economía de Bruselas.
De esta manera, en el momento en el que el expresident ponga un pie en España, será detenido y tendría que enfrentarse a un juicio acusado del delito de malversación de fondos públicos. Esto significa que podría acabar en prisión, pero ¿cuáles son las penas concretas a las que se enfrentaría?
El delito de malversación
El delito de malversación de fondos, tipificado en el capítulo VII del Código Penal español, abarca los artículos 432 al 435. Este delito se refiere a la apropiación indebida del patrimonio público por parte de una autoridad o funcionario público que, “con ánimo de lucro, sustrae o permite que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos bajo su custodia”.
Las penas varían según el monto malversado. La pena básica incluye prisión de dos a seis años e inhabilitación de seis a diez años. En casos agravados, las penas pueden aumentar a prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación de diez a veinte años, especialmente si el valor sustraído supera los 50.000 euros o si se causa daño al servicio público.