Agujero en las ayudas Covid: 156.000 autónomos recibieron 386 millones por cesar una actividad que no estaba suspendida por la pandemia

Bares y pequeños comercios cerrados. Distancia de seguridad. Equipamiento de locales para la ventilación. La pandemia del Covid-19 y sus posteriores restricciones supusieron un lastre para muchas empresas, y sobre todo, para los autónomos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha aflorado que unos 156.000 autónomos recibieron 386 millones por cesar una actividad que, sin embargo, no estaba suspendida por la pandemia en el listado de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

La prestación por ceses de actividad, que conllevaba tanto una prestación como la exoneración de las cotizaciones sociales, fue eficaz para mantener el empleo de los trabajadores autónomos, que era el fin para el que fue concebida. De esta forma, de la prestación extraordinaria se beneficiaron en junio de 2020 casi 1,5 millones de trabajadores autónomos, el 44% de los afiliados. La prestación media abonada durante el periodo de vigencia se situó en 2.513 euros, mientras el promedio por beneficiario del importe exonerado en concepto de cotizaciones sociales ascendió a 1.007 euros.

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Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas ha apuntado la gestión de las ayudas ha sido “ineficiente” a tenor de las numerosas “incidencias e incumplimientos” detectados. Además, el organismo apostilla que la regulación de la prestación fue “insuficiente” en su origen y fueron necesarias hasta siete modificaciones entre 2020 y 2023. Esto, dice el Tribunal, ha provocado “inseguridad jurídica, desigualdad de trato entre los beneficiarios, y ha favorecido que surgieran disfunciones e ineficiencias en la gestión”.

Concretamente, el organismo ha detectado que un total de 281.000 autónomos recibieron 505,5 millones de euros en ayudas por el cese de actividad en la pandemia sin cumplir los requisitos legalmente exigidos o sin estar su actividad económica suspendida por la emergencia sanitaria. La institución fiscalizadora ha detectado en su investigación incumplimientos de los requisitos legalmente exigidos a los trabajadores por cuenta propia. Estar dado de alta en la Seguridad Social o al corriente del pago de las cuotas son algunos de los requisitos que, al menos, 125.000 autónomos no cumplían y que recibieron 119,5 millones de euros.

Excesiva burocracia

El informe subraya que el 94% de las solicitudes de prestaciones tramitadas por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social fueron resueltas favorablemente en 2020 de manera provisional, posponiendo la verificación del cumplimiento de todos los requisitos necesarios a la finalización del estado de alarma.

Sin embargo, esta revisión se ha pospuesto hasta 2023 con el riesgo, incluso, de que puedan verse afectadas por el plazo de prescripción de cuatro años establecido para las prestaciones indebidamente percibidas en el ámbito de la Seguridad Social. “Lo que podría, en última instancia, causar un perjuicio económico a la Seguridad Social”, agrega el Tribunal. En cuanto al procedimiento de gestión y control de las exoneraciones de cuotas, la institución ha constatado que existen “discrepancias e ineficiencias” en las distintas fuentes de información del Sistema de Seguridad Social.

Con este panorama, el Tribunal recomienda que se inicie el procedimiento de revisión de las resoluciones provisionales adoptadas y que, cuando corresponda, se proceda al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. La institución apunta, eso sí, que estas revisiones ya se han iniciado tras recibir para alegaciones el anteproyecto de informe.