Con 22 años, F. llegó a España con la intención de pasar unos meses tranquilos y luego rehacer su vida. Había terminado un largo tratamiento para curarse de leucemia en su Perú natal y en enero de 2021 aterrizó en Alcorcón, donde todavía vive con su tía, para descansar y desconectar de unos meses complicados.
Una vez asentado en la capital, su tía le convenció para que retomara sus estudios en el Grado de Arquitectura, que había congelado por la aparición de la enfermedad. El joven peruano tenía la intención de incorporarse a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y comenzó los trámites, pero un dolor de cabeza muy fuerte le llevó a acudir a urgencias. A los pocos días fue ingresado y a finales de mayo de ese año le confirmaron que la leucemia había reaparecido.
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Los informes de salud de su país habían garantizado que la enfermedad había desaparecido, pero ver de nuevo la afección trastocó todos sus planes: “Quería entrar en UAM, pero dejé todo a medias porque se complicó, pero ya estaba empadronado. Cuando me ingresaron, faltaban tres días para que recibiera la tarjeta sanitaria”, relata él mismo a Infobae.
Fue entonces cuando se inició un largo y tortuoso camino para lograr que la sanidad pública atendiera sus necesidades. Las trabas administrativas que recibió por parte de la Comunidad de Madrid llevaron a buscar ayuda de un abogado, que pidió a un juez que aplicara medidas cautelares para que fuera operado de un trasplante de médula ósea. La operación se realizó en el Hospital Gregorio Marañón y F. sigue bajo tratamiento, ya con pastillas y chequeos mensuales en este mismo centro. Ahora, la Comunidad de Madrid le pasa las facturas y le dice que la sanidad pública no costeará su tratamiento, a pesar de la universalidad del Sistema Nacional de Salud.
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“Me siguen llegando facturas”
“La primera factura que me llegó fue de 120.000 euros, y actualmente me siguen llegando por los servicios prestados. Por ejemplo, hace poco me llegó una de 8.626 euros y tengo otra de 37.000″, asegura sorprendido y decepcionado con la administración de Isabel Díaz Ayuso. El motivo por el quEl motivo por el que la Comunidad de Madrid justifica solicitar el reembolso del coste de la operación es porque el paciente no tenía tarjeta sanitaria o permiso de residencia. Sin embargo, la Justicia ya ha dado la razón en varias ocasiones a los pacientes extranjeros que han tenido problemas similares. El motivo principal del conflicto es que estas personas son extranjeras.
La sanidad pública española perdió su carácter universal durante el Gobierno de Mariano Rajoy con el Real Decreto 16/2012, medida que afectó de forma directa a 900.000 personas residentes en España. Ya en 2018, con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Real Decreto-ley 7/2018 corregía la situación y aseguraba que “el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona”, aunque dejaba que las comunidades autónomas fijaran “el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial”.
“La actuación del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de facturar en estos casos está fuera de la legalidad y, por desgracia, buena parte de la culpa es del Ministerio de Sanidad, que en 2018 reafirmó el carácter universal del sistema sanitario español con el Real Decreto-ley 7/2018, pero que, por la puerta de atrás y solo un año después, emitió unas recomendaciones a las Comunidades Autónomas que atentan contra su propia ley”, alega el abogado defensor de F.
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Bajo este pretexto, la Comunidad de Madrid se ha visto envuelta en polémicas similares, de ahí que una de las demandas que se hacen al nuevo Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, sea el de resolver de una vez este conflicto y los cabos sueltos que permiten estas pugnas judiciales. “A pesar de que dichas recomendaciones a las Comunidades Autónomas son tanto alegales como ilegales, algunas consejerías han decidido agarrarse a ellas en lugar de guiarse por la ley y por eso se dan casos de exclusión sanitaria en un sistema que se supone que es universal. El Ministerio de Sanidad le está dando un argumento al SERMAS, uno muy malo, pero al fin y al cabo uno, y por eso hay que exigirle que subsane su propio error y se acoja al principio de legalidad al que está sometido y al principio de la universalidad del sistema del que tanto presume”, asegura el abogado.
En otras ocasiones similares, ha habido sentencias que han recordado a la Comunidad de Madrid que a pesar de atender a ese documento de recomendaciones para las comunidades autónomas, la región “no ha desarrollado la materia con norma con rango de Ley”, de forma que no puede limitar el acceso a la sanidad pública a nadie.