Sumar presentó este martes la propuesta de su equipo de juristas para una futurible ley de amnistía. Lejos de un borrador de la norma, el partido de Yolanda Díaz emitió un “dictamen” en el que daban pinceladas sobre las justificaciones constitucionales y políticas de la ley que podría investir a Pedro Sánchez con el apoyo de los independentistas de Junts. Expertos consultados por Infobae España destacan que la propuesta de Sumar revela un “principio de acuerdo” en las negociaciones, pero ven obstáculos en su encaje constitucional.
El documento se divide en tres partes: el “respaldo constitucional” de esa medida; “las razones” políticas para su aprobación; y, por último, su “ámbito de aplicación”. Está firmado por cinco juristas especializados en Derecho Penal: Nicolás García Rivas, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Antoni Llabrés Fuster, de la Universitat de les Illes Balears; Javier Mira Benavent, de la Universitat de València; Guillermo Portilla Contreras, de la Universidad de Jaén; y Rafael Rebollo Vargas, de la Universitat Autónoma de Barcelona.
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Para justificar la medida, el documento del dictamen sostiene que el conflicto político entre Cataluña y el Estado resultó agravado “por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales”. Esta vía para solventar la vulneración del principio de igualdad, que podría provocar la inconstitucionalidad de la ley, “es una bofetada a los jueces” y “no parece el mejor envoltorio para su estudio en el Tribunal Constitucional”, subraya Xavier Arbos, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
Una propuesta que “no convence”
Por su parte, Joaquín Urías, profesor de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, califica el dictamen de Sumar como “un punto de partida interesante”, aunque puntualiza que “la propuesta judicial, la motivación de la norma, no parece suficiente”. Para Urías las dos justificaciones posibles para el encaje constitucional de la amnistía son las siguientes: la denuncia explícita a las decisiones judiciales sobre el independentismo catalán o la escenificación de una nueva etapa de reconciliación y renuncia a la unilateralidad por parte de los separatistas.
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El exletrado del Constitucional indica que, de usar los implicados en las negociaciones el dictamen de los juristas de Sumar como punto de partida, “se tienen que poner de acuerdo en la justificación” de la norma. Coincide con Arbos al considerar que la primera de las vías, la de poner el foco en la “reparación de una injusticia”, supondría una “crítica a los jueces”.
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Para Arbos la escenificación de un compromiso independentista para la renuncia de la unilateralidad es “inviable” pese a que ERC, de alguna manera, “ya la ha hecho”. Sin embargo, se trata de uno de los cimientos sobre los que se sustenta Junts. Así, remarca que la propuesta de Sumar “no convence” y, por el momento, “tiene muchos grises”.
Uno de los puntos más destacados del dictamen de la formación de Yolanda Díaz es la inclusión en la amnistía de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participaron en las cargas del 1-O, aunque con matices. La mayoría de ellos están imputados por delitos contra la integridad moral o detención ilegal, reproches penales que impide amnistiar el Derecho Internacional.