El sistema de pensiones de El Salvador en crisis: solo uno de cada tres adultos mayores cobra jubilación y el 69% no llega a fin de mes

Ocho de cada diez personas mayores que viven sin pensión en El Salvador llegaron a esa situación sin margen de maniobra: el sistema previsional cubre apenas al 32.8% de quienes superaron la edad de retiro, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, centro académico jesuita salvadoreño.

El 67.2% restante no recibe ningún pago mensual pese a haber cumplido la edad legal de jubilación.

El dato se suma a un diagnóstico que distintos economistas y organismos vienen repitiendo en 2026: el sistema de pensiones salvadoreño atraviesa un punto crítico y el Gobierno ya aplazó hasta 2027 la reforma estructural comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral de crédito.

La mayoría de los pensionados no cubre sus necesidades básicas. El ejemplo de Estela

El estudio del Iudop, realizado entre el 27 de abril y el 27 de mayo con 453 encuestas válidas y un margen de error de 4.60%, confirma que ni siquiera cobrar una pensión garantiza bienestar.

El 68,9% de las personas pensionadas considera que el monto que recibe no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Solo el 31.1% opina lo contrario.

Estela Campos, una salvadoreña de 84 años, es el vivo ejemplo de esto. Madre de seis hijos, trabajó en una clínica privada por más de 35 años y se jubiló hace 30 años.

El monto que recibe mes a mes, es la mitad del monto que según la encuesta de la UCA necesitaría para sobrevivir, apenas 486 dólares. De estos utiliza más de entre 90 y 100 para pagar sus medicamentos ya que es hipertensa y toma al menos tres pastillas al día, el resto se le va en comida y pago de servicios, médicos, vigilancia de su colonia y pago de exámenes médicos.

Ella recibe ayuda de sus hijas para palear los gastos del día a día, pero, asegura que en ocasiones debe hacer verdaderos malabares para llegar a fin de mes. Resume en una palabra su situación: Insostenible.

Según los propios pensionados consultados por la encuesta, se necesitarían alrededor de USD 852 mensuales para mantener un buen nivel de vida, una cifra que supera los montos habituales del sistema.

El dato coincide con otros relevamientos recientes. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025, apenas el 38.8% de la población salvadoreña está cubierta por algún sistema de seguridad social, ya sea las AFP o el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

La consecuencia se traduce en calle: casi cuatro de cada diez adultos mayores de 60 años se mantienen económicamente activos, la mayoría a través de ventas ambulantes o pequeños negocios informales.

Entre quienes sí perciben una pensión en El Salvador, seis de cada diez la cobran por trabajo o retiro propio, mientras que el 31.4% corresponde a una pensión de sobrevivencia heredada tras el fallecimiento de otra persona, y el 5.8% es por invalidez, según el Iudop.

Esa proporción de pensiones heredadas revela que buena parte de la población pensionada depende de un beneficio ajeno y no de una trayectoria propia de cotización.

Deudas y familiares a cargo pese al ingreso fijo

El endeudamiento es frecuente incluso entre quienes cuentan con un ingreso mensual asegurado. El 63.7% de las personas pensionadas tenía deudas pendientes al momento de la encuesta, frente a un 36.3% que no registraba ninguna.

De ese grupo endeudado, la mitad (50.3%) afirmó que su pensión le sirvió para obtener el préstamo o crédito. El pago mensual funciona, entonces, como respaldo financiero más que como ingreso de consumo directo.

El estudio identificó además una carga adicional sobre esta población: el 57.7% de las personas mayores con ingresos propios, ya sea por trabajo o pensión, sostiene económicamente a otras personas. Solo el 42.3% no tiene dependientes a su cargo.

Para buena parte de la población mayor salvadoreña, los ingresos no se destinan únicamente a la propia subsistencia, sino que deben repartirse dentro del hogar.

Jubilarse trae alivio emocional pero deterioro físico

El 55.1% de las personas en edad de jubilación notó algún cambio positivo tras dejar de trabajar, frente a un 36.2% que no percibió ninguno.

Los más mencionados fueron la reducción del estrés (18.7%), más tiempo para la familia o actividades personales (17.2%) y mejoras en la salud o vitalidad (12.6%). Solo el 10.8% señaló mayor solvencia económica.

Los cambios negativos, sin embargo, resultaron más frecuentes: el 66.9% identificó alguno, frente a 32.2% que no notó ninguno. El problema dominante, con 70.7% de las menciones, fue la fatiga, el deterioro físico y las enfermedades propias del envejecimiento. Muy por detrás aparecieron la discriminación laboral por edad (8.4%) y el aburrimiento o la soledad (7.2%).

Un consenso ciudadano que choca con la realidad fiscal

La encuesta del Iudop muestra un respaldo generalizado al papel del Estado en la protección de la vejez. El 92.8% está de acuerdo con pagar alimentos a personas adultas mayores que viven solas, y el 92.4% respalda mantener asilos u hogares de ancianos financiados con impuestos.

El 84.4% apoya entregar dinero a adultos mayores sin pensión ni ingresos propios, y el desacuerdo con estas medidas no supera el 12% en ningún caso.

El respaldo también alcanza a quienes trabajaron en condiciones que dificultan cotizar: el 75.3% está de acuerdo con otorgar pensiones a personas que se desempeñaron en el sector informal, y el 78% a quienes se dedicaron exclusivamente al cuidado del hogar. La opinión se divide, con ligera mayoría en contra (50.1%), cuando se trata de personas que no trabajaron ni realizaron otras actividades.

Ese consenso social contrasta con la tendencia reciente de los programas estatales de asistencia. La Pensión Básica Universal, que entrega USD 50 mensuales a adultos mayores de 70 años en situación de pobreza, perdió 1,505 beneficiarios en el último año y pasó de 30,034 a 28,529 personas cubiertas, según la memoria de labores del Ministerio de Desarrollo Local correspondiente al período 2025-2026. El programa acumula una caída sostenida desde 2019, cuando atendía a casi 38 mil personas.

El mismo sondeo del Iudop reveló además un fuerte rechazo ciudadano a los ajustes que baraja el Gobierno de cara a la reforma de 2027: el 83.5% se opone a elevar en cinco años la edad mínima de jubilación, actualmente fijada en 60 años para hombres y 55 para mujeres, y el 67.9% rechaza un aumento en la tasa de cotización que las AFP descuentan del salario. La brecha entre lo que la población salvadoreña espera del sistema y lo que el ajuste fiscal pactado con el FMI parece exigir mantiene en suspenso el futuro de millones de futuros pensionados.