La decisión del Gobierno de avanzar con un nuevo esquema de concesiones sobre más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales tendrá en 2027 un capítulo impositivo. Mientras el Ejecutivo busca que empresas privadas asuman la operación, conservación y mejora de los corredores mediante inversiones propias y el cobro de peajes, el proyecto de Presupuesto enviado esta semana al Congreso propone una serie de incentivos fiscales para quienes se hagan cargo de las nuevas concesiones.
El cambio forma parte de una redefinición más amplia de la política de infraestructura. La red vial nacional tiene una extensión aproximada de 40.000 kilómetros y la Red Federal de Concesiones comprende más de 9.000 kilómetros distribuidos en 16 tramos estratégicos. Desde 2025, el Gobierno avanzó con distintas etapas del proceso de adjudicación.
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La intención oficial es que los concesionarios afronten las obligaciones de operación, conservación y mejora de las rutas con financiamiento privado y la recaudación de peajes, sin subsidios operativos a cargo del Estado. Según el mensaje que acompaña al Presupuesto 2027, el esquema apunta a reducir los recursos del Tesoro destinados al sostenimiento de los corredores concesionados y liberar fondos para otras intervenciones que continúen bajo responsabilidad estatal.
En ese contexto, aparece una de las novedades del proyecto de Presupuesto 2027. El artículo 67 crea un paquete de incentivos fiscales para las empresas que resulten adjudicatarias de futuras licitaciones de concesiones de rutas nacionales. Incluye amortización acelerada de inversiones, un tratamiento específico para el IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque contra otros impuestos y contribuciones. También incorpora a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires al esquema, mediante la posibilidad de otorgar exenciones en Ingresos Brutos y Sellos.
El alcance de la medida excede, además, el próximo ejercicio presupuestario: el artículo 72 dispone incorporar estas disposiciones a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, por lo que el régimen no queda planteado únicamente para 2027.
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Qué beneficios tendrán los nuevos concesionarios
El artículo 67 alcanza a los titulares de contratos de concesión de obra pública correspondientes a licitaciones que se convoquen después de la publicación de la ley y que tengan por objeto rutas nacionales o nuevas obras de ampliación.
- Uno de los principales incentivos es la amortización acelerada de las inversiones. Para los bienes muebles amortizables nuevos, el proyecto permite realizarla en un mínimo de dos cuotas anuales, iguales y consecutivas.
- En el caso de las inversiones efectuadas en infraestructura vial, el régimen establece una reducción del 50% de la vida útil considerada a los efectos de la amortización. Se trata de un tratamiento específico para las inversiones que deberán realizar las compañías que accedan a las nuevas concesiones.
- A ese mecanismo se suma un beneficio relacionado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las inversiones. El artículo contempla un sistema de devolución o utilización como crédito fiscal para el IVA vinculado con los desembolsos alcanzados por el régimen.
- Otro de los puntos centrales está relacionado con el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, conocido como impuesto al cheque. El proyecto permite a los concesionarios computar el 100% del monto efectivamente ingresado por ese gravamen. Ese importe podrá utilizarse como pago a cuenta de otras obligaciones. Primero podrá computarse contra el Impuesto a las Ganancias; luego, contra el IVA; y posteriormente contra las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El paquete incorpora, además, un componente que dependerá de las jurisdicciones provinciales. El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a conceder exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos relacionadas con las actividades y contratos comprendidos en el régimen.
La adhesión de las jurisdicciones resulta relevante para el diseño previsto en el Presupuesto, ya que aparece como una condición para acceder a los beneficios establecidos para los concesionarios.
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El nuevo mapa de las rutas concesionadas
El paquete tributario se incorpora mientras avanza la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 9.000 kilómetros sobre una red nacional de aproximadamente 40.000 kilómetros.
El mensaje del Presupuesto enumera avances desde 2025 en las adjudicaciones de los tramos Oriental y Conexión de la Etapa I; Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa de la Etapa II-A; Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la Etapa II-B; y Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la Etapa III.
El modelo previsto implica que las empresas adjudicatarias afronten las obligaciones contractuales vinculadas con la operación, conservación y mejora de los corredores mediante financiamiento privado y recaudación de peajes. El mensaje presupuestario señala expresamente que el esquema no contempla subsidios operativos a cargo del Estado.
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La concesión de los corredores no supone, sin embargo, que las rutas dejen de pertenecer al Estado. El documento aclara que mantienen su carácter de dominio público nacional y que las funciones de planificación, regulación y fiscalización continúan en la órbita estatal.
La Dirección Nacional de Vialidad queda a cargo de la supervisión del cumplimiento contractual y de las condiciones del servicio. El proceso comprende, además de las adjudicaciones, la formalización de los contratos, la transición operativa y la ejecución de las obligaciones asumidas por cada concesionario.
Una redefinición de la inversión en infraestructura
El nuevo esquema vial se inserta en una revisión más amplia de la política de infraestructura que el Gobierno inició en diciembre de 2023. Según el mensaje del Presupuesto, el objetivo fue adecuar las necesidades de inversión a las capacidades de financiamiento y redefinir el alcance de la intervención del Estado nacional.
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En ese proceso, el Ejecutivo estableció criterios para determinar qué intervenciones requerían continuidad por razones de seguridad o interés general, cuáles podían ser asumidas por las jurisdicciones locales, cuáles admitían financiamiento y gestión privada y cuáles debían reformularse o discontinuarse. Para realizar esa selección, se ponderaron la situación física y contractual de cada proyecto, su escala, los recursos necesarios para terminarlo y las alternativas disponibles para financiarlo.
La revisión alcanzó una cartera de 2.339 obras. De acuerdo con el mensaje presupuestario, se dispuso la baja o el inicio del proceso de rescisión de 1.683, mientras que 457 se transfirieron o ingresaron en procesos de transferencia hacia provincias y municipios. La cartera bajo gestión directa del Estado nacional quedó delimitada a 199 proyectos, entre los cuales se contabilizaron 55 obras finalizadas.
El documento también señala que se firmaron acuerdos marco con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses para establecer las condiciones de traspaso de determinadas intervenciones y delimitar las responsabilidades de ejecución y financiamiento correspondientes a los distintos niveles de gobierno.
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Dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el mensaje plantea como uno de los lineamientos la priorización de obras con mayor impacto y la mejora de la gestión de la inversión pública. En ese apartado, sostiene que el equilibrio fiscal permite liberar recursos para inversiones productivas privadas, créditos hipotecarios y “grandes obras de infraestructura mediante concesiones”.
Qué pasará con las rutas que sigan a cargo del Estado
El avance de las concesiones convivirá con corredores que continuarán bajo atención directa del sector público. Para 2027, el mensaje establece que la programación vial articulará el seguimiento de los contratos privados con las necesidades de conservación, seguridad y transitabilidad de los tramos que permanezcan bajo responsabilidad del Estado nacional.
El Presupuesto también mantiene partidas destinadas a inversión pública. Los gastos de capital de la Administración Nacional previstos para 2027 alcanzan los $3,768 billones, un incremento nominal del 21,4% frente a 2026. De ese monto, $1,911 billones corresponden a inversión real directa, que representa el 50,7% de los gastos de capital.
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El propio mensaje indica que la inversión real directa está influida principalmente por las obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con inversiones de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Comisión Nacional de Energía Atómica, infraestructura de transporte, agua potable y alcantarillado y energía, además de las inversiones destinadas a las fuerzas de defensa y seguridad.
En el caso específico de las rutas, el documento presupuestario diferencia para 2027 tres componentes del nuevo esquema: las inversiones a cargo de los concesionarios, la reducción del gasto público y las obligaciones de financiamiento que continúen a cargo de la Nación.
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