El tributarista César Litvin detalló las ventajas del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que será enviado al Congreso

El nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal que será enviado al Congreso en las próximas horas propone modificaciones que podrían alterar el equilibrio tradicional entre el fisco y los contribuyentes en la Argentina, según analizó César Litvin en diálogo con Infobae en Vivo. El tributarista sostuvo que la iniciativa apunta a fortalecer los derechos de quienes tributan y a limitar potestades históricas de la administración fiscal. “En décadas pasadas, cada vez que se modificaba el régimen tributario, se sumaban impuestos y más poder estatal, afectando a quienes debían tributar. Ahora, la tendencia se invierte y se revaloriza al contribuyente”, afirmó.

El proyecto establece un régimen simplificado de impuesto a las Ganancias que, de acuerdo con Litvin, representa un cambio notorio para quienes decidan adherirse. La adhesión es opcional y no implica pagar más ni menos impuestos, sino que permite realizar una declaración jurada mucho más sencilla. “El beneficio central radica en la síntesis de la declaración: se comparten menos datos con la administración fiscal, no se debe informar qué bienes se compraron o vendieron, ni detallar consumos, como ocurre en el régimen general”, explicó el tributarista.

Las principales ventajas

Entre los beneficios principales del nuevo esquema, Litvin destacó la presunción de exactitud, conocida también como “bloqueo hacia atrás” o “tapón fiscal”. Señaló que el organismo fiscal no podrá revisar los años anteriores no prescriptos para quienes adhieran al régimen simplificado. “El fisco no puede meter las narices en los años no prescriptos. Se presume que las declaraciones están correctamente presentadas y abonadas, sin importar cualquier posible omisión menor”, puntualizó.

Otra ventaja que mencionó el especialista es la posibilidad de utilizar dólares en efectivo provenientes de actividades lícitas sin que esto se considere omisión de ingresos. “Quien tenga dólares guardados en su casa podrá usarlos sin consecuencias ni multas, siempre que el origen sea legal. Es similar a un blanqueo, pero gratuito y sin penalidades por exteriorizar ese dinero”, remarcó Litvin.

Durante la elaboración del proyecto se debatieron los topes para acceder al régimen simplificado, lo que generó inquietudes entre algunos contribuyentes. Litvin aclaró que en la versión que llegará al Congreso ya no existen límites de ingresos o patrimonio para adherirse. “No hay tope y eso ampliará el alcance. Cuando dialogamos con el ministro, se hablaba de ochenta mil posibles adherentes; ahora el universo se amplió a trescientos treinta mil y la expectativa es que ese número siga creciendo”, sostuvo.

Durante la charla, el analista fue consultado sobre el criterio de discrepancia significativa, que la autoridad fiscal puede utilizar para objetar declaraciones. Litvin explicó que, en la versión original de la ley, una diferencia mayor al 15% entre lo declarado y lo detectado por la administración hacía que el contribuyente perdiera todos los beneficios del régimen. Luego de las observaciones presentadas por especialistas, el umbral se elevó y para 2025 sólo se considerará “significativa” una discrepancia que supere los cinco millones de pesos. Además, quien esté en falta podrá subsanar la diferencia sin quedar excluido del régimen simplificado. “Si existe una inconsistencia y el contribuyente la acepta, simplemente paga lo que corresponde y mantiene los beneficios”, afirmó Litvin.

Uno de los puntos que el tributarista calificó como central tiene que ver con la carga de la prueba ante diferencias entre el fisco y el contribuyente. “Tradicionalmente, la carga de la prueba recaía sobre el contribuyente, que debía demostrar que no existía diferencia. Ahora, será la administración fiscal la que tendrá que probar su posición. Esto fortalece la defensa de los derechos de quienes tributan”, analizó.

Frente a la inquietud sobre la estabilidad del régimen ante eventuales cambios de gobierno, Litvin aseguró que los derechos adquiridos por quienes adhieran no se verán afectados. “Aquel que exteriorizó el dinero no tendrá inconvenientes. Si en el futuro se impone una mayor carga tributaria, sólo pagará más si invierte en bienes gravados. Existen inversiones exentas, como los títulos públicos, la compra de vivienda destinada a alquiler o los plazos fijos en dólares, de acuerdo con la Ley de Modernización Laboral”, enumeró.

El régimen simplificado también estará disponible para funcionarios y exfuncionarios, aunque Litvin recomendó precaución en estos casos. “Quien desee adherirse debe poder probar que el dinero proviene de fuentes lícitas. Si no puede hacerlo, es mejor abstenerse”, advirtió.

Consultado sobre la conveniencia de permanecer en el régimen anterior, Litvin fue contundente: “Quien tome esa decisión está mal asesorado. No existe desventaja en sumarse al régimen simplificado, aunque no se posean dólares en efectivo ni se haya incurrido en irregularidades en años previos. Se gana en comodidad, se suministran menos datos y se evita el riesgo de inspecciones sobre períodos anteriores”.

Las cifras de los blanqueos en el pasado

En cuanto a las expectativas oficiales, el especialista evitó arriesgar cifras sobre el volumen de dinero que podría regularizarse a través del nuevo régimen. En cambio, aportó antecedentes de blanqueos realizados en el pasado: “En el de 2008, durante el gobierno de los Kirchner, se exteriorizaron USD 4.300 millones. Los Cedines, orientados a la compra de inmuebles, sumaron USD 900 millones, y el blanqueo de Cambiemos alcanzó USD 116.700 millones, un récord a nivel mundial. En el último blanqueo bajo la gestión de Milei, la cifra superó los USD 55.000 millones”.

El equipo económico del gobierno, según mencionaron los periodistas durante la entrevista, calculó que existen USD 170.000 millones fuera del sistema formal. Litvin confirmó ese dato, aunque recordó que se trata de estimaciones y no de montos asegurados para el futuro.

Sobre la adhesión de las provincias, el tributarista explicó que la ley nacional sólo invita a los distritos a sumarse, ya que no puede obligarlos dada su autonomía fiscal. “Las provincias que no adhieran no podrán acceder a la información de la administración federal sobre los contribuyentes que se sumen al régimen. Por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires no adhiere, tendrá menos herramientas de control. De todos modos, cualquier bonaerense podrá ingresar igual al sistema nacional y aprovechar sus beneficios”, aclaró.

Litvin recomendó a quienes cumplen con los requisitos que consideren la adhesión al nuevo régimen. “Quien ingrese, incluso si sólo busca mayor comodidad o menos burocracia, tendrá ventajas. No se pierde nada y se gana en simplicidad y seguridad jurídica”, manifestó.

El debate sobre la Inocencia Fiscal y su impacto sobre la relación fisco-contribuyente en la Argentina sigue abierto, con la expectativa centrada en el tratamiento legislativo y la eventual implementación de este nuevo esquema.

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