Bajo el Decreto 437/2025, el Gobierno disolvió un fondo destinado a la construcción de viviendas para personal militar y de fuerzas de seguridad. La medida se conoció a partir de su publicación en Boletín Oficial, durante la madrugada de este viernes.
Esta decisión se tomó a partir de la eliminación de la Ley 21.134 que creó el Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicio, y contó con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El objetivo central del decreto es suprimir una estructura que, según el Poder Ejecutivo, ha quedado sin operatividad, en línea con la política de racionalización del gasto público implementada por la actual administración. “Resulta pertinente proceder a la derogación de la Ley N° 21.134, con el fin de reducir costos administrativos innecesarios y eliminar una estructura obsoleta que ha quedado sin operatividad efectiva, en el marco de una política de racionalización de estructuras y optimización del gasto público", sostiene el texto normativo.
La mencionada legislación, sancionada en su momento como herramienta específica para el acceso a viviendas de servicio para integrantes de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la ex Policía Aeronáutica Nacional, preveía la creación de un fondo especial. Este fondo tenía por objeto la adquisición, construcción, equipamiento y mantenimiento de viviendas, además de impulsar la generación de centros cívicos en regiones donde se detectara necesidad efectiva.
El mismo se nutría de partidas incluidas en el Presupuesto Nacional, así como de donaciones, legados y producto de operaciones financieras, y su administración se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Pero desde el momento en que el equipamiento para viviendas se solventó por otras vías, la ley dejó de responder a la función para la que había sido creada.
Entre los argumentos mencionados, figuró una revisión de funciones y responsabilidades estatales que puedan resultar redundantes, con el propósito de maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública. “Resulta imperioso revisar aquellas responsabilidades y funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”, sostuvo.
Esta publicación tuvo lugar luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara días atrás la entrega de 160 viviendas destinadas a efectivos de las Fuerzas Federales en un acto realizado en Avellaneda.
Se trata de una iniciativa que forma parte del plan federal de reasignación habitacional que ya sumó 329 unidades del Procrear recuperadas en distintos puntos del país. Las unidades fueron transferidas desde el Ministerio de Economía a la cartera de Seguridad con el objetivo de destinarlas exclusivamente a quienes integran las fuerzas federales.
“El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan PROCREAR y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas. Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”, detalló Bullrich en su cuenta oficial de X.
La distribución quedará bajo la administración directa de cada fuerza, a fin de garantizar una correcta adjudicación, uso y mantenimiento de los inmuebles. En su intervención, la funcionaria expresó que se busca resolver los problemas de acceso a la vivienda por parte del personal federal, que enfrenta dificultades para alquilar en varias localidades y paga sumas elevadas por alquileres privados.
“Un plan que en muchos casos estaba mal destinado porque el Ministerio de Economía ha encontrado viviendas, en algunas partes del país, que no se usaban para una familia, sino que se alquilaban en Airbnb, entonces seguir con este sistema realmente era una mala idea”, argumentó Bullrich.
El plan contempla la entrega progresiva en ciudades como Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego, además de CABA y otros partidos bonaerenses. El Gobierno había oficializado la disolución del Fondo Fiduciario Público Procrear a principios de junio, paso que facilitó la redistribución de las viviendas.