Por medio de un proyecto de ley que se impulsa desde la Inspección General de Justicia (IGJ), el Gobierno quiere instaurar una Central Nacional de Balances digital que simplifique la presentación de los estados financieros de empresas, grandes y pymes, e instituciones que así tengan que hacerlo.
Según fuentes oficiales, éstas tienen en muchos casos la obligación de hacer “según sea su objeto, actividad y el grado de fiscalización estatal que las afecte, lo que multiplica el número de presentaciones de los mismos documentos ante AFIP, Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, autoridades de control provinciales, Banco Central, otras Superintendencias y organismos del Estado nacional, provincial y municipal”.
Según pudo saber este medio, el objetivo de IGJ es volver a revitalizar una iniciativa que tuvo lugar hace casi dos décadas —y que fue luego abandonada—, de generar una norma que exija exclusivamente la presentación única de estos documentos ante una Central de Balances —la cual podría estar localizada en el Banco Central o en AFIP—, a la que puedan acceder todas las entidades —incluidos los reguladores— y también las otras empresas y los particulares. “La idea es que las sociedades y emprendedores queden liberados de otros cumplimientos que no sea el de entregar en tiempo y forma sus estados financieros a esta Central de Balances, siguiendo ejemplos que han tenido una buena experiencia —cada uno con sus matices— en España, Bélgica, Austria, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal y Uruguay”, se detalló.
Así, se buscará “un único balance para toda la economía por el cual las empresas presenten la información financiera que legalmente deben suministrar de una sola vez y ante un solo organismo, al que puedan acceder digitalmente todos los demás entes y hasta los particulares”.
En conversaciones informales con diversos operadores económicos, el Inspector General, Daniel Roque Vítolo, aseguró que entre las ventajas para llevar adelante este proyecto no sólo se mencionan la utilidad de disponer de datos sobre las operaciones financieras —activos y pasivos del subsector de sociedades no sólo financieras sino también no financieras—, sino también analizar el comportamiento empresarial y los efectos que las medidas de política monetaria tienen sobre la financiación y los resultados; valorar la calidad crediticia de aquellas empresas cuyos pasivos podrían ser aportados por las entidades de crédito como activos de garantía en las operaciones de inyección de liquidez y de crédito en el mercado; facilitar información sectorial agregada y homogénea; y difundir la información sectorial para su uso por otros analistas , instituciones financieras, universidades, investigadores, administración central, y organismos públicos, nacionales, provinciales y hasta internacionales.
“La administración eficiente de los recursos financieros y la supervisión adecuada de la economía son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de cualquier nación. En este sentido, la creación de una Ley que establezca una Central de Balances, similar a las existentes en otros países, emerge como una herramienta crucial para promover la transparencia, la estabilidad y el crecimiento económico”, dijo Vítolo en estos encuentros.
La misión de la Central de Balances no sólo sería —según explican en la IGJ— un registro de recolección y de publicidad a demanda de la información, sino de análisis porque, al contar con una visión integral de las actividades económicas, esta entidad podría identificar riesgos sistémicos, detectar desequilibrios financieros y anticipar posibles crisis económicas. Esto permitiría a las autoridades tomar medidas preventivas y correctivas de manera oportuna, lo que contribuiría a mantener la estabilidad financiera y evitar situaciones de colapso económico”.
Otra ventaja significativa de una Central de Balances es su capacidad para generar información estadística de alta calidad. Los informes y análisis producidos por esta entidad son fundamentales para comprender la evolución de la economía, evaluar el impacto de las políticas públicas y diseñar estrategias de desarrollo económico.
Trascendió que, en los próximos días el Inspector General de Justicia estaría convocando a representantes del Banco Central, AFIP, CNV, a la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, para conversar sobre esta iniciativa, la que sería trasladada luego al sector empresario y a los gobiernos provinciales.