A diez días de su lanzamiento, el programa Precios Justos ya tiene plena vigencia en las principales cadenas de supermercados, con nueva cartelería –que reemplazó la de Precios Cuidados– y con más de 1.800 productos cuyos precios estarán congelados por cuatro meses. Sin embargo, son varias las empresas de consumo masivo que, si bien aceptaron de palabra participar, aún no adhirieron formalmente mediante la firma por considerar que hay varios aspectos cuestionables desde el punto de vista legal.
Tanto es así que desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) trabajaron durante los últimos días en una propuesta de cambios al modelo de convenio que le había enviado el Gobierno a las empresas y fue presentado este martes al secretario de Comercio, Matías Tombolini.
Infobae accedió a ese documento y contempla las siguientes modificaciones.
En la cláusula 1°, la cámara propone agregar las condiciones previas y de permanencia en el convenio. “El presente convenio entrará en vigor y sólo será aplicable y exigible a la empresa en caso de previo acaecimiento de todas y cada una de las siguientes condiciones, en adelante las ‘condiciones previas’”, dice el texto. Esas condiciones son: que la secretaría autorice y garantice los dólares al tipo de cambio oficial requeridos por la empresa para poder adelantar y pagar en forma inmediata durante el mes de noviembre –sin restricciones e independientemente del plazo de pago aplicable en cada caso– cada una de las importaciones de bienes y servicios que habitualmente importa la firma a lo largo de un semestre del año y poder continuar con su actividad ordinaria y la producción y abastecimiento normal y habitual de sus productos.
A su vez, las alimenticias se refieren a las condiciones de permanencia en el programa: a) en primer lugar, durante la vigencia del convenio no debe producirse una variación significativa de los costos más relevantes de la empresa, como es el caso de sus materias primas, como así tampoco se produzca una variación relevante sobre las actuales tasas de interés, la tasa de inflación, la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, ni de los acuerdos paritarios; b) la empresa debe disponer de los bienes y servicios importados necesarios y de acuerdo a los estándares y requerimiento de sus operaciones, para producir los alimentos que comercializa; c) la Secretaría debe intervenir para asegurar el cumplimiento del plazo de pago de 7 (siete) días por parte de los supermercados.
“La falta de ocurrencia de alguna de estas condiciones de permanencia durante la vigencia de este convenio dará derecho a la empresa a optar por suspender el cumplimiento de sus obligaciones hasta tanto la condición de permanencia no ocurrida se verifique, o dar por finalizado el convenio anticipadamente”, dice el texto presentado ayer por el presidente de Copal, Daniel Funes de Rioja.
En la cláusula segunda, la entidad sugiere que quede claramente expresado que “la empresa garantizará el abastecimiento normal y habitual de los productos fijos a los clientes siempre que cuente con las materias primas e insumos necesarios a dicho efecto”.
Las compañías consideran necesario aclarar también que “los precios de los productos fijos indicados en el Anexo 1 corresponden a los precios de venta para la región AMBA. Por tal motivo, y de acuerdo a lo acordado oportunamente para otro tipo de programas similares, para las entregas en las restantes regiones se le adicionará a dichos precios la matriz de flete correspondiente, como ha venido funcionando en el Programa de Precios Cuidados”.
Las alimenticias que no firmaron el modelo de convenio que se les envió días atrás están a la espera de que el Gobierno considere alguno de estos cambios, necesarios para que el texto pueda ser avalado por las áreas legales de muchas compañías. Según fuentes de Comercio, “los acuerdos se están firmando y los tiempos de formalización difieren según el tipo de compañía o las consultas a sus áreas legales. Pero varias empresas ya adhirieron”.
Los supermercados tenían un convenio diferente y la mayoría lo está acatando, según pudo averiguar este medio. No obstante ello, el programa ya tiene plena vigencia en las cadenas con la señalética completa. ¿Busca el consumidor los productos? En el sector del retail aseguran que aún es reciente y que como el programa incluye productos con primeras marcas que ya de por sí tienen alta demanda, todavía no se percibe mayor venta por ser parte de Precios Justos. Por otro lado, todavía no se percibe una gran diferencia entre los valores de esta canasta y los de los productos que están por fuera. “Tal vez en enero, cuando los otros artículos acumulen 8% más de inflación –el acuerdo de ajuste de precios para el resto es 4% por mes– y estos estén congelados, ahí el consumidor los demandará más”, analizaban en el supermercadismo.
En materia de importaciones, que es la moneda de cambio por participar del programa, todavía la liberación de los permisos se está dando a cuentagotas. Algunas empresas admiten que no se les autorizó nada; otras afirman que tuvieron liberaciones pero con plazos de pago de 180 días; y algunas otras destacaron que “hubo alguna flexibilización, pero mínima”. Los problemas de falta de insumos para producir siguen siendo una realidad y la escasez de divisas hace difícil pensar que el panorama para las compañías va a cambiar sustancialmente en el corto plazo.
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