En los últimos 12 meses los subsidios a la energía superaron los USD 9.000 milllones. Se trata, precisó el último informe de “Tendencias Energéticas” del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, del nivel más alto de los últimos 4 años, que atribuye al congelamiento de precios (las tarifas aumentaron solo por el Valor Agregado de Distribución), los costos crecientes de la generación eléctrica, las erogaciones derivadas del Plan Gas y la Resolución 46, de incentivos a la producción, y las mayores importaciones de gas de Bolivia y de Gas Natural Licuado (GNL), en buques metaneros, “a precios algo superiores al promedio”.
“El peso de los subsidios comienza a transformarse en un problema macroeconómico”, notó en una síntesis Julián Rojo, miembro del IAE, mientras “se demora la implementación de la segmentación tarifaria que podría haberse implementado mediante un mecanismo ya existente, la tarifa social federal”.
El peso de los subsidios energéticos sobre la economía se nota aún más si se estira el período de observación. En una reunión de especialistas, el Ingeniero Juan Carlos Blanco, de Enel, una firma eléctrica multinacional, de origen italiano, precisó que entre 2002 y 2020 los subsidios energéticos sumaron USD 143.000 millones. Esto es, el triple, más una yapa de cerca de USD 16.000 millones que los algo más de USD 43.000 millones que la Argentina le debe al FMI después de haber pagado en septiembre una cuota de USD 1.900 millones con recursos que el propio Fondo había enviado en concepto de la cuota que le corresponde al país por el aumento del capital del organismo. La cifra, cabe aclarar, no computa los subsidios 2021, que Rojo y el economista energético Alejandro Einstoss, también del IAE, proyectaron en USD 10.000 millones hacia fin de año.
De los USD 143.000 millones de subsidios entre 2002 y 2020, precisó Blanco, 84.000 millones se canalizaron a través de Cammesa, la Compañía (mixta) Administradora del Mercados Mayorista Eléctrico que enjuga parte de las diferentes entre tarifas y costo de la energía en su relación con las distribuidoras de todo el país. Y otros 59.000 millones fueron subsidios directos del Tesoro Nacional.
Según Blanco, que expuso esos números en un seminario sobre el “Futuro Energético” organizado por el IAE, no habrá futuro posible “si no logramos condiciones que habiliten el despliegue de la transición energética”. El congelamiento tarifario, subrayó, no resuelve los desequilibrios macroeconómicos, pero sí afecta la viabilidad y las inversiones del sector energético. En condiciones de tipo de cambio adecuado o estabilizado, señaló, el mantener las tarifas de servicios desactualizadas no parece ser un camino en el que los beneficios superen a los perjuicios”.
Contra la corriente
Blanco precisó que en 18 de los últimos 20 años el sector energético vivió bajo distintas figuras de emergencia y que en 17 de los últimos 20 años el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) estuvo intervenido con designaciones sin acuerdo del Senado.
Es falso, señaló, atacando uno de los argumentos defensivos de los partidarios de los subsidios, que las empresas (de otros sectores) quiebren por el costo de las tarifas que, dijo representan entre 0,9 y 2,5% del costo de venta de los bienes y servicios o a lo sumo el 6% en el caso de las industrias electro-intensivas.
Tampoco es cierto, prosiguió, que tarifas más realistas sean impagables, al punto que las actuales tarifas argentinas son las más bajas de América Latina y, en caso de ser aumentadas, es posible aplicar tarifas sociales bien diseñadas.
Blanco también desafió la afirmación de que las empresas de electricidad “ganan mucho”, señalando que para el conjunto de ellas en la Argentina el promedio de rentabilidad sobre los activos de los últimos 20 años fue negativo: - 2,1 por ciento. Y a quienes señalan que las tarifas eléctricas aumentaron 5.100 % entre 2002 y 2020, según un promedio calculado por el ENRE; opuso que en el mismo período el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) aumentó cerca de 6.000 por ciento.
¿Quién financia la transición?
En el mismo seminario, organizado por el IAE, que encabeza Jorge Lapeña, quien fuera secretario de Energía del gobierno de Alfonsín, Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants, uno de los especialistas en energía más consultados de la Argentina, se preguntó cómo será posible financiar la “transición energética” si los consumidores no pagan los costos reales de los productos energéticos más económicos y alertó, entre otras cosas, por la declinación de la producción petrolera en áreas distintas de la Cuenca Neuquina, prácticamente la única del país que muestra mejoras significativas de producción, aunque todavía está por debajo de los niveles de 2019. Al respecto, exhibió las curvas de declinación productiva de las cuencas Austral, Cuyana y Noroeste (gráficos), mientras la del Golfo San Jorge, otrora una de las más productivas del país, tuvo un aumento de solo el 0,8 por ciento.
Simpleza vs Complejidad
Según Gerold, en la transición hacia la neutralidad de emisiones de carbono, la Argentina posee un punto de partida mejor que otros, por la abundancia de gas natural, un combustible relativamente limpio. Pero una pregunta aún sin respuesta es cómo se financiarán las multimillonarias inversiones requeridas en un esquema como el actual, de control de cambios y restricción al movimiento de capitales. Es indispensable, señaló Gerold, “atraer capital aplicando las leyes con medidas modernas y simples”.
Simpleza que no tiene, por caso, el reciente proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas enviado por el Ejecutivo al Congreso, que incluye la creación de 8 regímenes especiales y 116 artículos y fue severamente criticado por las provincias productoras de hidrocarburos por su alto grado de centralización, al punto que un comité de 3 miembros, integrado por representantes de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo e Interior tendrían la potestad de aprobar o rechazar los proyectos que se presenten, dejando a las provincias, que según la Constitución Nacional aprobada en 1994 son las propietarias de los recursos del subsuelo, como convidadas de piedra.
Al respecto, en el seminario sobre el “Futuro Energético”, Nicolás Gadano, exfuncionario de YPF y del Banco Central, señaló que ese proyecto, al igual que otros del Ejecutivo, no se propone mejorar las condiciones generales de funcionamiento de la Economía, sino arbitrar excepciones y privilegios para exceptuar a empresas elegidas de las adversas condiciones generales vigentes.
Trazando un paralelo, Gadano dijo que el Gobierno aplica a las empresas una lógica similar a la de su política social, en la que en vez de favorecer un clima que favorezca el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, se dedica a financiar planes sociales.
SEGUIR LEYENDO: