El Gobierno comenzó en las últimas semanas a cruzar datos finos para controlar si las empresas que accedieron a los subsidios para el pago de salarios durante la pandemia incumplieron uno de los requisitos centrales: no comprar dólares. Como resultado, el Poder Ejecutivo ya detectó que desde abril hasta la fecha unas 3700 empresas habrían comprado cerca de USD 500 millones en el mercado financiero, lo que las obligaría a devolver el monto del programa ATP que cobraron.
Según datos oficiales a los que accedió Infobae en base a información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), la mira está puesta en unas 135.000 compañías que en estos meses fueron subsidiadas para que el Estado pague parte de la masa salarial durante el aislamiento social que impactó en el nivel de actividad económica.
De ese total, en unas 3700 firmas el Estado detectó movimientos de compraventa de bonos en el mercado financiero para conseguir moneda extranjera a través de las operatorias de contado con liquidación o MEP luego de haber ingresado al programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).
Concretamente, la inspección oficial registró ventas de bonos en pesos -que ya estaban en poder de esas personas jurídicas al momento de entrar al ATP- contra moneda extranjera. La lógica de los controles, afirmaron, es que una empresas no debería haber solicitado asistencia oficial para el pago de salarios si contaba con dólares o bien con títulos públicos en dólares. “Eso significa que tenían con qué afrontar la situación” de pandemia, consideró una fuente del equipo económico.
Las medidas de emergencia que tomó el Poder Ejecutivo para asistir con el pago de sueldos a las empresas y para compensar la caída de ingresos de trabajadores independientes como monotributistas y autónomos exigió en todos los casos que los beneficiarios queden afuera del mercado cambiario, tanto oficial como financiero.
Para el caso de las personas jurídicas, el cepo ya les impedía la compra de moneda extranjera para atesoramiento pero el programa ATP, además, las comprometió a aquellas que ingresaran para solicitar ayuda estatal para abonar salarios, que tampoco se dolaricen a través de la compraventa de bonos o acciones con las operaciones de dólar “contado con liqui” y Bolsa.
Más allá de que la prohibición de comprar divisas para las empresas rigió desde el momento en que el programa ATP fue implementado en abril, solo incluyeron en un comienzo a las compañías que tengan más de 800 empleados. A esa restricción se sumó además no repartir dividendos, no recomprar acciones ni realizar operaciones con firmas radicadas en países considerados paraísos fiscales.
Desde la segunda ronda de ayuda salarial de ATP, el Gobierno extendió esas exigencias para empresas de cualquier tamaño. Más el 90% de las compañías que habían solicitado la asistencia salarial en el primer pago de ATP tenían menos de 800 empleados por lo que quedaron fuera de esas restricciones.
Entre esas 3700 empresas sospechadas, el monto aproximado de compra de divisas vía mercado financiero llegaría a unos USD 500 millones. El incumplimiento del programa ATP incluye empresas grandes, pymes, asociaciones civiles y hasta obras sociales, precisaron fuentes oficiales.
En una primera investigación que abarcó solo los primeros meses de vigencia del programa ATP (entre abril y julio), el Gobierno ya había detectado casi 400 casos de dolarización a través de contado con liquidación o dólar Bolsa, como había anticipado Infobae esta semana.
Este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas aseguró que aquellas empresas que cobraron subsidios para el pago de salarios a través del programa ATP durante la pandemia y que hayan comprado dólares deberán devolver el beneficio.
“Hemos sido muy claros en el manejo del programa ATP, ya que toda empresa que reunía los requisitos necesarios era automáticamente incorporada en el programa. Pero las reglas de juego son claras: las empresas no podían acceder al mercado de cambios oficial, ni el contado con liquidación, aunque sí para lo que tenga que ver con pagos de importaciones”, sostuvo el funcionario nacional.
El integrante del Gabinete destacó que el ATP -a través del cual el Estado Nacional abona una parte del salario de trabajadores del sector privado- “es un programa muy importante, que implicó un esfuerzo significativo”.
“Así que si efectivamente se detectan empresas que no han cumplido con la normativa, se les va a exigir la devolución del beneficio”, afirmó el ministro en declaraciones a radio Continental.
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