La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la permanencia y ampliación de la pena de muerte en la legislación de Cuba, al advertir que la redacción de normas penales puede afectar el ejercicio de las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política.
El pronunciamiento se produjo durante el 197º período de sesiones del organismo, celebrado esta semana en Ciudad de Panamá. Según informó el Diario de Cuba, la CIDH alertó sobre disposiciones ambiguas que podrían exponer a sanciones a ciudadanos que ejerzan derechos fundamentales.
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La Comisión también reiteró su postura a favor de la abolición de la pena capital y pidió la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos. A la vez, cuestionó la falta de independencia judicial en la isla, una situación que, según sus expertos, genera temor entre la población.
La pena de muerte permanece contemplada en el Código Penal cubano, aunque no se aplica desde 2003. En 2023, la reforma penal elevó de 20 a 24 la cantidad de delitos que pueden ser castigados con la máxima sanción.
Los cuatro tipos penales incorporados están vinculados con delitos contra la seguridad del Estado. Más de la mitad de los 24 supuestos sancionables con la pena capital pertenecen a esa categoría, de acuerdo con los datos publicados por Diario de Cuba.
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El debate volvió a tomar fuerza después de que la Fiscalía General de la República advirtiera que los acusados por un presunto intento de infiltración armada ocurrido en febrero podrían enfrentar penas que llegaran a la pena de muerte, según la gravedad de los hechos. La legislación también prevé esa sanción para el delito de asesinato.
En 2023, el entonces presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, sostuvo que la pena capital seguía vigente, aunque no se hubiera ejecutado durante dos décadas. En sus declaraciones, la presentó como una herramienta de defensa ante amenazas contra el Estado y la seguridad ciudadana.
Más de 1,300 personas figuran como presos políticos en Cuba
La situación de la pena de muerte se inserta en un escenario de denuncias internacionales sobre restricciones a las libertades públicas, detenciones arbitrarias y falta de garantías judiciales en Cuba.
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La organización no gubernamental Prisoners Defenders registró 1,351 presos políticos al cierre de septiembre de 2026, según un informe divulgado el 15 de octubre. La entidad indicó que se trataba de la cifra más alta de su registro y que, durante los 12 meses previos, había documentado 318 nuevos casos.
El listado incluye opositores, activistas, artistas, periodistas independientes y manifestantes. Parte de las detenciones se relaciona con las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en varias ciudades para reclamar cambios políticos, mejores condiciones de vida y el respeto de derechos civiles.
La organización estadounidense Freedom House mantiene a Cuba dentro de la categoría de países “no libres”. En su índice más reciente citado por funcionarios y activistas en octubre, la isla obtuvo nueve puntos sobre 100 y quedó como el país con peor calificación del hemisferio occidental.
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Organismos internacionales reclaman garantías judiciales y libertades públicas
La CIDH ha señalado en informes previos limitaciones sistemáticas a la libertad de expresión, la actividad de organizaciones independientes, el derecho de reunión y la participación política. Cuba no integra la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 1962, pero la Comisión conserva facultades para monitorear la situación de los derechos humanos en el país.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han cuestionado el uso de figuras penales como sedición, desacato, desórdenes públicos y propaganda contra el orden constitucional contra críticos del Gobierno. Las organizaciones sostienen que esas normas se aplican de forma amplia para castigar formas de disidencia pacífica.
La advertencia de la CIDH sumó un nuevo cuestionamiento a la normativa penal cubana, en un contexto en el que el organismo pide eliminar la pena de muerte, garantizar jueces independientes y liberar a quienes permanecen privados de libertad por razones políticas.
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